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Nadie está obligado a lo imposible, por eso es que los compromisos de inversión del sector privado que se firmaron la semana pasada con el presidente Andrés Manuel López Obrador están condicionados a que haya las facilidades para poder invertir y que esas apuestas sean rentables.

Por supuesto que los representantes del sector privado mexicano, en especial el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, no se iban a negar a tomarse esa fotografía con el presidente Andrés Manuel López Obrador que tanto gusta de estos actos político–mediáticos.

El acuerdo habla de invertir este año 32,000 millones de dólares, pero más allá de muchos de estos recursos que pueden ser inerciales, hay el compromiso de elevar hasta 25% del Producto Interno Bruto el monto de los recursos arriesgados en proyectos rentables en este país.

Pero para que esto pueda ser posible, del otro lado se necesita que haya certeza, que el gobierno federal cree el ambiente de estabilidad tanto de reglas como de mensajes claros, sin bandazos y con estabilidad macroeconómica para que se pueda llevar a cabo. Y si no, pues no. Como dicen en el pueblo.

Porque resulta contradictorio que a la par que el presidente López Obrador sostiene en su mano este pacto con vistosas firmas de los representantes del sector privado, al mismo tiempo el ala más radical de su gobierno se encargaba de cancelar la participación privada en conjunción con Pemex en proyectos del sector energético.

Usando el membrete de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la 4T canceló siete asociaciones estratégicas de Pemex con empresas privadas que se habrían de licitar en octubre, a pesar de que al menos 11 empresas estaban seriamente interesadas.

La decisión, con muchos más tintes ideológicos que con sentido común financiero, es que Pemex con sus propios recursos lo haga. El problema es que esta actitud dogmática le pone más piedras en el camino a la calificación crediticia de la petrolera, recientemente degradada y puesta en perspectiva negativa. Si la nota crediticia de Pemex jala al precipicio a la calificación de la deuda soberana mexicana, entonces sí adiós a miles de millones de dólares en inversiones, con todo y pacto firmado.

Pero si resulta contradictorio recibir esos dos mensajes el mismo día, lo que es patético es que Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, el mismo que sostenía junto al presidente López Obrador el pacto de inversión con los empresarios, acababa de pedir hace unos días a la Iniciativa Privada que le entrara al sector energético a invertir.

A Romo le pasó exactamente lo mismo que con el aeropuerto de Texcoco, había jurado que el proyecto seguía adelante, pero el ala radical del equipo de López Obrador le ganó la partida con el impulso del guajolote de Santa Lucía (guajolote, porque esa ave, por más grande que se vea, difícilmente va a levantar el vuelo).

Esa contradicción en los mensajes el mismo día, cancelación de los farmouts de Pemex y la firma de un convenio de inversión dejan mal parado al presidente López Obrador que parece tener una lucha intestina por el modelo económico a seguir.

Y ante ello, los empresarios nunca estarán dispuestos a arriesgar los recursos de sus empresas, porque ellos sí tienen que responder al interés de sus accionistas.