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La semana pasada ocurrieron hechos muy relevantes que impactan de modo ambivalente el esclarecimiento formal, conclusión y cierre del caso Iguala: la confirmación de la absolución de José Luis Abarca por el Segundo Tribunal Colegiado del 19 Circuito con sede en Reynosa y la reaprehensión de Juan Miguel Pantoja Miranda, El Pajarraco, sicario de Guerreros Unidos, la banda que desapareció y asesinó a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En ambos hechos, la Investigación, los Reportes Preliminares y la Recomendación de la CNDH del 28 de noviembre de 2018 vuelven a reivindicarse.

Desde el 23 de julio de 2015, la comisión previno de la endeble acusación de la PGR contra Abarca con observaciones y propuestas concretas para reforzarla, y lo reiteró en la Recomendación de 2018.

Pero durante la gestión de Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán en el peñanietismo y en el desempeño transexenal de Alejandro Gertz con AMLO y Claudia Sheinbaum con su fiscal de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías —hoy ministra del acordeón—, y el nefasto “fiscal especial” Omar Gómez Trejo ignoraron la sugerencia y uno de los resultados ha sido la exoneración, aparentemente definitiva, del ex alcalde.

Representantes y el Centro Pro también renegaban de su autoría intelectual, pese a lo cual, aunque no muy convencidos a juzgar por los términos deficientes en que lo hicieron, impugnaron la absolución de 2019, confirmada en apelación en mayo del 23 y ahora resuelta en definitiva por el Colegiado.

De acuerdo con la investigación más seria, profesional, completa, profunda, compleja y más grande que se haya realizado en la historia penal mexicana, la de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH anterior al obradorato, Abarca es parte de la instigación gestada y eslabonada por El Patrón, cuya identidad la autoridad se ha negado a investigar (apartado 26 de la Recomendación) y explicar la “transmisión de órdenes” para agredir, desaparecer y ejecutar a los jóvenes.

Sin duda, la absolución, que significa la fractura a la columna vertebral de la aspiración a sancionar a la autoría intelectual de la matanza, puede aún ser reparada por el actual régimen bajo los planteamientos de la Recomendación de 2018 en el ámbito federal y a partir de otro proceso penal que todavía se instruye en Guerrero contra Abarca.

La FGR puede y debe acusarlo, a él y a un sinnúmero de coinculpados, por los homicidios de Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, el más recientemente identificado por la Universidad de Innsbruck. Además, Abarca debe ser condenado por los otros homicidios comprobados y consignados por la Fiscalía de Guerrero.

De esos asesinatos, Abarca no tiene escapatoria.

La justicia todavía puede ser reparada, a menos que el Gobierno de Sheinbaum no lo quiera hacer, porque Abarca se alzó con la alcaldía de Iguala gracias a su cercanía y el apoyo de López Obrador…