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Eso de sugerir que bajen las tasas de interés suena al tipo de acciones de personajes como Donald Trump.

La diferencia es que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, le pone un alto inmediato al presidente estadounidense, mientras que por acá las más altas autoridades monetarias se toman fotos con Andy. En fin.

El punto es que el costo del dinero no sólo está determinado por lo que los banqueros quieran cobrar a sus clientes para aumentar sus porcentajes de utilidades.

Lo primero que debería saber la presidenta Claudia Sheinbaum, antes de cargarla contra los bancos que operan en México y busque revivir aquellos discursos rancios del enriquecimiento de los banqueros burgueses a costa de esquilmar al pobre pueblo bueno, es que el dinero más caro está fuera de los bancos.

En un país donde 55% de la población tiene un empleo informal, no hay sorpresa en saber que su financiamiento también corre por esos canales informales.

De acuerdo con la más reciente Encuesta de Inclusión Financiera del Inegi, sólo 37.3% de los mexicanos tienen acceso a un crédito, 73% reporta el uso del efectivo en operaciones de más de 500 pesos y sólo 26% usa tarjetas o medios electrónicos de pago.

Entonces, si el gobierno federal quiere regañar a los prestamistas por sus altas tasas de interés, deberían empezar por aquellos del “gota a gota”, los “pagadiario”, “los express”, las casas de empeño y todos esos que operan fuera del sistema financiero, en la total informalidad e impunidad y que desfalcan a los acreditados.

Si no se combate una economía informal tan grande como la que padece México, no se puede tener acceso al sistema bancario que requiere formalidad.

Y ahora sí, para reclamar a los bancos por sus créditos tan caros habrá que ver el componente de riesgo que abre el spread entre una tasa pasiva y una tasa activa.

¿Qué tan sencillo resulta en México cobrar un saldo vencido de un crédito quirografario, como la tarjeta de crédito, por ejemplo?

Hay que ver las complicaciones del sistema judicial y hacer cálculos de lo que viene cuando los jueces respondan a la justicia del pueblo en contra de los malvados bancos.

Aun los créditos con garantías enfrentan una serie de dificultades en este país que, de acuerdo con datos de México Evalúa, enfrenta un nivel de impunidad en el delito de fraude de 96.8 por ciento. No son precisamente los mejores datos de un Estado de derecho que invite a jugársela.

Entonces, en un país donde la gente con menores recursos se financia en canales informales que son sustancialmente más caros que el sistema bancario legal, en una nación con un pobre Estado de derecho donde es muy difícil, caro y complicado cobrar una deuda y con esas tasas de impunidad, ¿por dónde habría que empezar para abaratar el costo de los préstamos?

Evidentemente que no debería ser por regañar a los banqueros, que, no hay duda, gustosos prometerán algo, o diseñarán productos que luzcan para que todos queden bien tras la Convención Bancaria de mayo próximo.