Padrones y beneficiarios

Cuatro meses después del sismo del 19 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México levantó un censo socioeconómico que además servirá para identificar el “grado de vulnerabilidad” de las familias afectadas, requisito de ley que permitirá darles acceso a los recursos del Fondo de Reconstrucción.

De las tarjetas Bansefi-Fonden, ni hablar en la urbe gobernada por Miguel Ángel Mancera. Para la reconstrucción de las casi 160,000 viviendas afectadas por los sismos de septiembre del año pasado en Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México, el gobierno federal dispuso la entrega de 120,000 pesos a cada una de las familias identificadas como damnificados en los censos. En 2,400 viviendas además se están realizando otros trabajos, con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y filantropías.

La duplicidad de las tarjetas de Bansefi propició la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores —en lo concerniente a las irregularidades en el manejo de los plásticos y los fondos a dispersar— pero también del Órgano Interno de Control de esa institución de la banca social.

“Lo que tenemos claro es que debemos revisar el censo de las viviendas afectadas y los padrones de beneficiarios para identificar las fuentes probables de error y descartar que hubieran omisiones o dolo por parte de servidores públicos”, ratificó la Secretaría de la Función Pública a finales de la semana pasada, consultadas al respecto.

Y es que a más tardar el próximo viernes 2 deberán estar solventadas las observaciones formuladas por la CNBV a Bansefi aunque todavía falta determinar si hubo una omisión deliberada en la integración de los padrones en las zonas afectadas por los sismos y en la dispersión del erario para la reconstrucción de las viviendas.

La atención de las instrucciones presidenciales —apoyar a los damnificados con prontitud y comedimiento— implicaba encontrar la manera expedita de entregar los fondos; la única opción viable entonces eran los plásticos de Bansefi, que en una primerísima instancia sólo contaban con una banda magnética y para finales de octubre, contaban con chip.

Más de 180,000 beneficiarios recibieron los plásticos —55% con chip, el resto con banda magnética— activados y con saldo, sólo con un bloqueo temporal que se levantaba una vez que era confirmada su entrega. Las primeras historias sobre las tarjetas sin fondo aparecieron en televisión nacional, fueron resueltas relativamente rápido y sin mayores aspavientos.

Las historias sobre de la presunta clonación, por el contrario, implicaban una intervención de la CNBV pues según la normatividad vigente, un reclamo de esa naturaleza debe ser reembolsado en 24 horas, sin mediar investigación alguna, con costo para el banco, de acuerdo a la normatividad vigente.

Más que el escándalo, Bansefi estuvo a punto de sufrir un importante daño patrimonial, porque detonó una mala práctica y familias completas, principalmente en dos comunidades, una en Chiapas y otra en Oaxaca, recurrieron a las sucursales de Bansefi a desconocer los cargos.

Al final, sólo 250 reclamos fueron procedentes, principalmente aquellos casos en que existían cargos recurrentes idénticos en gasolineras o fuera de los estados de los beneficiarios, por un monto de aproximadamente 2 millones de pesos. Cargos “sospechosos” que en donde existe presunción de elementos que confirmarían un delito, principalmente fraude, son los 47 que se presentaron a la PGR. La última semana de noviembre ya no hubo solicitudes de aclaraciones. No existe evidencia ninguna de que hayan existido clonaciones, y sí abuso de algunos beneficiarios azuzados por algunos medios de comunicación, se quejan en la SHCP.

Bansefi es la entidad bancaria encargada de dispersar los recursos del programa Prospera, tanto en puntos de entrega como en sucursales y cajeros automáticos, con las tarjetas de débito. Y para el cierre del primer trimestre del 2018, 7 millones de familias beneficiarias de los programas sociales estarán atendidas por esa institución.

Los roces entre las dependencias federales que dispersan los recursos de los programas sociales se han intensificado en épocas recientes.

A su llegada a la Secretaría de Desarrollo Social, el equipo de José Antonio Meade Kuribreña tuvo su primer roce con sus antecesores, por la efectividad de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la discrepancia con el Coneval, por la medición de la pobreza.

Vanesa Rubio y Narcedalia Ramírez encabezaron el grupo de trabajo enfocado a realinear la Estrategia Nacional de Inclusión, que se convirtió en la columna vertebral de la política social de la administración peñista.

En la consolidación de los programas sociales también intervino Eviel Pérez Magaña, quien había dejado el Senado de la República para buscar infructuosamente la candidatura del PRI al gobierno de Oaxaca.

Prospera se entrega a las madres jefas de 6.5 millones de familias y cubre a 28 millones de beneficiarios. A través de Prospera, la administración federal entrega becas a los hijos de las mujeres afiliadas al programa. Y el de Adultos Mayores se amplió a la población de 65 años y más, lo que significó que adicionalmente al apoyo económico, 3 millones de mexicanos que ya están en éste, accedieran al Seguro Popular y otros proyectos de productividad.

A través de este programa, 1.1 millones de jóvenes están incorporados a los padrones de beneficiarios del gobierno federal.

La Estrategia Nacional de Inclusión también abarca los comedores comunitarios —con alrededor de 1 millón de beneficiarios, entre los que se encuentran madres solteras, adultos mayores y niños en condiciones desfavorables— y las estancias infantiles, que ofrecen servicios a más de 300,000 infantes en 9,000 locales, donde además de servicios educativos, los niños diariamente reciben desayunos escolares.

A través de Liconsa, Sedesol distribuye cerca de 1,000 millones de litros de leche al año y mantiene la red de tiendas de conveniencia de Diconsa.