Marcelo Odebrecht, el presidente de la constructora más grande de Brasil, fue detenido en ese país el viernes de la semana pasada.
Marcelo Odebrecht, el presidente de la constructora más grande de Brasil, fue detenido en ese país el viernes de la semana pasada. Se le acusa de encabezar un esquema de defraudación a Petrobras que asciende a más de 2,200 millones de dólares.
Junto con Odebrecht, fue detenido Otávio Marques Azevedo, el presidente de la segunda mayor constructora brasileña, Andrade Gutierrez. Los dos tienen algo en común, de acuerdo con el grupo de fiscales que los acusa: ambos se pusieron de acuerdo para simular competencia y generar sobrecostos multimillonarios para la petrolera y el erario brasileño.
Lo develado en Brasil tiene obvias implicaciones para México. Odebrecht llegó a nuestro país en 1991 y ha participado en obras hidráulicas en Sinaloa, eléctricas en Coahuila y con Idesa desarrolla el negocio petroquímico Etileno XXI; en este caso se trata de un proyecto valorado en más de 5,000 millones de dólares. Se ha convertido en un ganador frecuente en procesos de licitación. Asociado con Aguas de Barcelona ganó la concesión para operar por 30 años el sistema de agua en los municipios de Veracruz y Medellín, en el estado de Veracruz. En esa misma entidad, está construyendo la mayor planta de petroquímica de México.
La autoridad de competencia económica brasileña tiene indicios de que Odebrecht participó en esquemas de cártel desde el 2003. La lista de delitos por los que está siendo imputada en Brasil es grande: desviación de recursos públicos y lavado de dinero, entre otros. ¿Puede una empresa comportarse como un delincuente en su país de origen y ser un ciudadano ejemplar en otro, digamos, México? Es poco probable, pero no imposible. En cualquier caso, los mexicanos merecemos una explicación adicional al comunicado corporativo que emitió Odebrecht. En ese documento, niega todos los cargos y ofrece una explicación llena de ambigüedades e imprecisiones. Coloca a las autoridades judiciales como sospechosas. Presenta a los principales ejecutivos de la corporación como si fueran víctimas en lugar de imputados. No sirve para entender lo que pasa en Brasil. Peor, no ofrece luz para comprender las implicaciones que ese escándalo tiene en las operaciones mexicanas de la mayor constructora brasileña.
¿Qué sigue para Odebrecht en México? La única autoridad mexicana que se ha pronunciado sobre el tema es el alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil. Asegura que harán una investigación sobre el proceso de licitación que otorgó la operación del sistema de aguas veracruzano al tándem brasileño-español.
Está bien que el señor Poo levante la voz, pero falta ver qué hacen las autoridades federales, vinculadas con los sectores donde Odebrecht ha estado trabajando en México: comunicaciones y transportes, energía y gobiernos locales.
¿Vale la presunción de inocencia para la filial mexicana de Odebrecht? Su comunicado expresa la intención de la constructora de seguir operando con normalidad en México. Tiene todo el derecho a hacerlo y, además, dependen de ello algunos miles de empleos. Es muy importante que sus obras y servicios funcionen “normalmente”. Eso está bien, pero no basta. El gobierno mexicano está abriendo al sector privado oportunidades crecientes de participación en el campo de las infraestructuras. Los escándalos de Juan Armando Hinojosa, OHL y Oceanografía nos recuerdan lo sana que resulta la vigilancia en una actividad donde hay tantos recursos, como es la construcción y operación de infraestructura. En esto, Odebrecht es un actor protagónico y no una simple pieza del decorado. Es imprescindible garantizar que opera en México bajo estándares de ética muy superiores a los que en Brasil ha develado la investigación conocida como Lava Jato. La globalización trajo a este grupo a nuestro país. Esa misma fuerza ahora nos grita: “¡Alerta!”. ¿Estamos escuchando?
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