El gobierno busca discrecionalidad en el ejercicio del gasto porque, arguye, al eliminar los trámites y las licitaciones, se gana tiempo para cumplir en las fechas comprometidas
Lo del titular de Salud atrapado en la marranada de sugerir que se oculte a la población el riesgo de que se recrudezca la pandemia pareció una barbaridad más de las cometidas en su sector, pero el coincidente acuerdo presidencial para que su gobierno se despache a sus anchas en las obras prioritarias confirma que la opacidad es el sello de la “cuarta transformación”.
Con la coartada de “seguridad nacional” se quiere impedir que los afectados recurran al amparo de la justicia federal, derecho que altera los plazos prometidos para finalizar trabajos tan emblemáticos como el aeropuerto de Santa Lucía o tan endebles como los del cuidado ambiental.
El gobierno busca discrecionalidad en el ejercicio del gasto porque, arguye, al eliminar los trámites y las licitaciones, se gana tiempo para cumplir en las fechas comprometidas.
La medida pone en aprietos a los servidores públicos: si acatan violan la Constitución y las leyes, y si no desobedecerán a su máximo jefe. Fuera de citar el artículo 90 de la Constitución, el inaudito acuerdo carece de fundamento en las leyes de los sectores a que alude. Pero cuando se quiere eliminar complicados requisitos, o se agilizan éstos o se reforman las leyes (la de Obras Públicas, por ejemplo).
Al diversificar los objetivos (infraestructura de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras; sectores hidrológicos, ambientales y turísticos; ferrocarriles, energía, puertos y aeropuertos, “estratégico” todo), el acuerdo pasa por alto lo que solo puede hacer el Poder Legislativo, ya que al Ejecutivo le corresponde aplicar las leyes.
La medida invade competencias, violenta la división de poderes y propicia la saturación en la Suprema Corte de Justicia (donde están atoradas 27 controversias y acciones de inconstitucionalidad) porque, igual que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, diputados y senadores trabajan ya para intentar echar abajo el alevoso acuerdo.
Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, “la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos de índole económica como proyectos de seguridad nacional o interés público atentan contra la transparencia y la rendición de cuentas”, lo cual “eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión productiva y que se ha acentuado con diversas acciones de política pública que ponen en duda la continuidad del Estado de derecho en nuestro país”.
Para establecer excepciones, éstas deben sustentarse en una ley de excepción. Mereciendo texto aparte, queda para el anecdotario de la infamia que el secretario Jorge Florero Alcocer, poco antes de que su jefe lo describiera como “sabio, recto y honesto”, admitiera que hay “pequeños indicios de una cuarta ola” de covid pero, a tono con el ocultismo crónico del régimen, decretó a su vez: “No quiero que esto pase a la prensa, a esos distorsionadores de la verdad…”.
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