Nuevo aeropuerto, la pregunta correcta

Son 37,485 las personas desaparecidas en este país, reconocidas por la Secretaría de Gobernación y los foros de pacificación del gobierno entrante están suspendidos en los estados más violentos de México.

Lo que sí está vigente es una flamante consulta para ponerle nombre al acuerdo comercial conseguido con Estados Unidos y Canadá.

Algo anda mal con la mira de las prioridades del gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando estos dos hechos conviven.

Otra pifia enorme del gobierno que llega es haber traspasado un tema de campaña, como la oposición al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), a los asuntos de gobierno.

López Obrador se ha zafado de papas calientes del tamaño de abaratar las gasolinas, ya sabemos que se quedan los aumentos tal como los implementó el gobierno actual y no pasó nada con esta marcha atrás.

Pero de la decisión técnica de la ubicación de una nueva terminal aérea para la capital no se quisieron desprender.

Si la consulta aeroportuaria era una cortina de humo para pasar detrás otros temas polémicos, les creció el enano y está destinado a convertirse en un potencial problema futuro.

La supuesta consulta popular resultará ilegal si pretenden hacerla vinculatoria, sólo llegará a 20% de los municipios del país, con 1,000 mesas receptoras donde esperan no más de 500,000 participantes; serán voluntarios de Morena los que consulten al pueblo, la pregunta estará redactada por quien claramente apoya la opción de Santa Lucía.

La gente no tiene información suficiente y ni siquiera interés en participar. Los mercados amenazan con represalias si se cancela la obra actual y los macheteros de Atenco amenazan con violencia si se mantiene la obra actual. En fin, un desastre.

No hay manera de que esto le reditúe algo positivo al gobierno entrante de López Obrador. Su enorme pastel democrático le alcanzará para paliar cualquier caos que genere la consulta, pero le habrá quitado otra enorme rebanada que le va a hacer falta cuando ya gobierne legalmente.

Le propongo al gobierno entrante una última oportunidad de zafarse de la pifia que está a punto de cometer.

Debería salir el presidente electo a anunciar una nueva licitación de la obra del NAIM, para que particulares asuman los costos y los futuros beneficios de la obra y librar así el ejercicio del gasto público en la obra. Sus seguidores le van a aplaudir.

Tomar, pues, la decisión de mantener la obra actual, pero con capitales privados. Y al mismo tiempo anunciar la realización futura de una consulta popular, ésa sí con todas las de la ley, con la participación del Instituto Nacional Electoral, vinculante y definitiva, para resolver el futuro de los actuales terrenos del Aeropuerto Benito Juárez.

Puede convocar López Obrador a un concurso de proyectos, donde participen sus amigos de Riobóo y otros interesados, que se definan las opciones pertinentes y someterlas a consulta. Algo bonito y lucidor.

Obviamente, por los tiempos, no le tocaría a la administración de López Obrador inaugurar esa obra. Pero dejaría un proyecto con su sello, de alcance más popular que el NAIM y que estaría blindado ante futuras decisiones por ser resultado de una consulta vinculatoria.

La otra es que siga con la mal planeada consulta y que ante el resultado que arroje, el presidente electo lo defienda y quizá conteste de la misma forma que lo hizo cuando presentó al superdelegado de San Luis Potosí y el pueblo bueno, congregado en la plaza, le brindó una rechifla y dijo entonces: “No me importa”.