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Hacia las dos de la tarde del martes 7 de julio, al tiempo que el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, daba a conocer la identidad de uno de Los 43 normalistas rurales desaparecidos hace casi seis años y delineaba una “verdad” alterna a la “histórica”, sus iletrados policías detuvieron a un falso copartícipe del crimen: Álvaro Martínez Márquez, cuyo “delito” resultó ser llamarse casi igual que Álvaro Ramírez Márquez, un ex policía municipal contra quien pesa la orden de aprehensión ejecutada en el hombre equivocado.

El capturado por error es un ex trabajador de Telmex que sobrevive reparando refrigeradores.

Prófugo aún, el tocayo de Álvaro formaba parte de la pandilla conocida como Los Bélicos que, perteneciendo a la gendarmería de Iguala, se encargaba del trabajo sucio del alcalde José Luis Abarca Velázquez y era testaferro de la narcobanda Guerreros Unidos.

En la Recomendación que hizo la administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a Rosario Piedra está claramente escrito el nombre de Álvaro Ramírez Márquez. Un ex agente municipal de Cocula, Jesús Parra Arroyo, lo refiere como uno de policías de Iguala que participó en el traslado de los muchachos de la Comandancia igualense al paraje Loma de Coyotes para entregarlos a los sicarios de Guerreros Unidos. Apoyados por otros agentes del ayuntamiento, Los Bélicos llevaron aquella noche la voz cantante en el levantamiento de las víctimas.

Obsesionados por fabricar una versión que se acomode a lo que exigen los padres de Los 43 y sus representantes, con la negación tajante de lo averiguado por la antigua PGR y la desaparecida Oficina Especial del caso Iguala de la CNDH (que con un titipuchal de observaciones y discrepancias corroboró en esencia la “verdad histórica” del crimen), los bisoños y facciosos encargados de construir un adefesio judicial cometieron la misma pendejada que sus predecesores en el peñanietismo cuando, en marzo de 2018, policías federales detuvieron a otro inocente: Erick Uriel Sandoval Rodríguez, al confundirlo con el homicida que apodan La Rana o El Wereke.

En esa ocasión, la CNDH denunció enérgicamente el atropello, lo cual no ha hecho ahora, bajo la conducción de la activista Rosario Piedra (y dice que las víctimas son su prioridad), como tampoco exigido que a Sandoval Rodríguez (el falso La Rana) se le repare el daño que implicó su injusto y prolongado encarcelamiento, a pesar de que la recomendación institucional (para la señora todo lo anterior a ella era basura) así lo exige.

La fallida búsqueda y captura de Ramírez Márquez conduce a una paradoja de fondo en el discurso de la 4T: ¿pues no que la “verdad histórica” se había acabado?

¿Para qué seguir persiguiendo a un sujeto imputado en la versión dejada por la extinta PGR?

Estultos, estos “justicieros” de cuarta no abandonan la ruta porque no hay otra ni se dan cuenta de que se encaminan, vergonzosa y patéticamente, al basurero de Cocula.