De modo que “quien logre controlar la movilización y acarreo de electores gozará de jueces a su servicio durante las próximas décadas…”
Un centenar y medio de académicos, intelectuales, políticos y analistas hacen un “llamado enérgico” a la abstención electoral, al voto libre e informado por los contados perfiles que reivindiquen la autonomía judiciaria o a la anulación de los votos con mensajes de protesta en las elecciones del 1 de junio.
Piensan que será un claro mensaje de que el pueblo de México defiende sus instituciones y el equilibrio entre ellas, “y sobre todo que la República no se presta a farsas ni a engaños”.
Recuerdan que la reforma partió de la aprobación por parte de mayorías artificiosas en los Congresos federal y locales que modificaron la Constitución atendiendo a criterios facciosos y a presiones deplorables, por lo que “enfrenta justas críticas por falta de legalidad, transparencia, integridad y respeto a los derechos de los juzgadores y a la división equilibrada entre los Poderes. Las elecciones están siendo organizadas sin cumplir con los estándares democráticos básicos, además de que se fundan en el inconstitucional desacato hacia múltiples resoluciones judiciales de suspensión y cautela”.
Más de la mitad de los juzgadores federales declinó participar en el proceso por considerar que se trata de una simulación con resultados decididos de antemano, además de que la selección de candidaturas fue desorganizada y controlada, vía tómbola, por el Senado.
Como ejemplo del timo se recuerda que “el listado de las atribuidas al Poder Judicial de la Federación jamás fue aprobado por la Suprema Corte órgano constitucionalmente facultado para ello, puesto que su Comité de Selección consideró que, dadas las suspensiones dictadas, se hallaba jurídicamente imposibilitado para continuar con su labor. El Senado, con todo, usurpó la atribución de la Corte y ordenó a un dócil Instituto Nacional Electoral (INE) la indebida inclusión de los nombres en las boletas”.
Y en los ámbitos estatales “la selección no resultó mejor, ni más equitativa, ni más legal”.
Entre los elementos de mayor desconfianza están que el INE organiza el proceso con la mitad del presupuesto requerido y no se cuenta con una legislación electoral adecuada a lo judicial (“la geografía electoral y la jurisdiccional no se empatan, pues los distritos judiciales no pueden, materialmente, coincidir con los electorales”).
Las boletas resultan incomprensibles, los candidatos deben autofinanciarse, “no es posible fiscalizar el origen de recursos y los actos indebidos de campaña se despliegan con total cinismo por el territorio nacional, ante la indolencia del propio INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que optó por confrontarse con la Suprema Corte antes que por defender la Constitución…”.
Para colmo, la ciudadanía no contará los votos en las casillas, no habrá Programa de Resultados Preliminares ni se cancelarán las boletas que no se utilicen.
De modo que “quien logre controlar la movilización y acarreo de electores gozará de jueces a su servicio durante las próximas décadas…”.
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