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Diplomático al fin, el subsecretario de Estado adjunto, Jon Piechowski, afirmó que su gobierno respeta “el proceso que México lleva a cabo”, pero que, “cuando se trata de energía, nuestros dos países tienen economías muy conectadas”.

El tema, dijo, está en las conversaciones bilaterales. “Lo que sentimos es que tiene que haber transparencia para los inversionistas privados en el sector…”.

Suavecito, en apariencia, este primer calambre gringo se dio luego de consumarse en el Senado la aprobación de la iniciativa presidencial que, según sus defensores, busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad reduciendo las ventajas “excesivas” de las empresas particulares de energía renovable.

Con la contrarreforma dejará de prevalecer el criterio económico en la industria, de suerte que se consuma primero la electricidad que generan las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, después la de centrales privadas y al final la de ciclo combinado.

Para Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, serán los consumidores de todo tipo de mercancías y servicios quienes terminarán resintiendo los efectos de la nueva ley: “El consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón que le va a salir más caro; esa camisa, ese bien que va a comprar, porque la electricidad para producirlo será más cara”, afirmó en el foro virtual Electricidad para el Futuro de México. Lamentó que el Congreso haya ignorado las argumentaciones en contra que los opositores a la iniciativa expresaron en el estéril “parlamento abierto” (aquel de dos tristes días que no fue tomado en cuenta para nada), y criticó así la necedad que mucho tiene de ideológica: “Estoy convencido de que la soberanía no se obtiene con retórica, no se obtiene con discursos. Se obtiene con una sociedad cuando es suficientemente eficaz, eficiente y cuando optimiza sus recursos y sostiene debates encontrando las mejores decisiones en cada uno de los pasos que tiene que tomar…”.

Con ganas de encontrarle sentido, la nueva ley le da un cierto respiro al destartalado Pemex, que podrá venderle a la CFE el combustóleo que le sobra y para el que no había comprador por ser caro y contaminante, además de que sus tanques de almacenamiento ya no estarán saturados. Y la Comisión podrá negociar con los privados desde una posición de fuerza (al menos mientras los nuevos ordenamientos no sean declarados inconstitucionales o violatorios de tratados comerciales.

Por desgracia son más los peros, aquí dos: a) Se rompe el principio con que operan los sistemas eléctricos modernos, en que la energía eléctrica más barata es la que se usa primero y b) No se alcanzarán las metas ambientales del Acuerdo de París o de la Ley de Transición Energética, que establecen que 35 por ciento de la generación eléctrica sea con fuentes limpias para 2024.

Más allá de intenciones políticas o económicas, lo sucio y limpio de las fuentes de energía hacen de esta contrarreforma una indiscutible cochinada…