Están ya puestas sobre la mesa la iniciativas de reforma electoral de AMLO y la alianza oposición de PRI, PAN y PRD. Ambas son visiones distintas de la democracia; la del Presidente haría que las elecciones queden virtualmente en manos del gobierno y tiene como carnada una manzana envenenada, la llamada representación proporcional pura en la Cámara de Diputados. La de la oposición hace ajustes al diseño político electoral mexicano planteados hace ya tiempo.

El asunto es que sin duda nuestro actual sistema político-legislativo-electoral ha mostrado su eficacia y virtudes al garantizar elecciones confiables y creíbles: la versión de la existencia de fraudes electorales bajo las siglas del IFE-INE es una absoluta mentira repetida por la propaganda de AMLO.

Ten eficaz ha sido este modelo que ha demostrado que su esquema de equilibrios ha funcionado, como el candado de la mayoría calificada a reformas constitucionales, sin el cual Morena no tendría contención alguna en su intento de desmontar el sistema democrático para garantizar su permanencia en el poder y en una de esas hasta la reelección presidencial o la extensión de mandato, cara oculta del proceso de revocación que se promovió desde Palacio Nacional.

Por eso es primordial que la oposición a AMLO-Morena de la alianza Va por México y Movimiento Ciudadano no caigan en la tentación de pasar cualquier reforma a nuestro sistema político electoral que implique cambiar sustancialmente la estructura del Congreso o eliminar el requisito de la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales, mucho menos modificar la integración, estructura y atribuciones del INE como órgano constitucional autónomo y quitar el financiamiento público a los partidos.

Hacerlo tendría como consecuencia el debilitamiento de las instituciones políticas y electorales y una regresión autoritaria que llevaría a México casi 25 años atrás, a los tiempos del partido casi único, en que el Presidente del PRI controlaba todo sin límite alguno, sin ningún contrapeso.

Hoy, la obligación principal de la oposición es frenar cualquier intento de regresión autoritaria y defender el modelo político electoral que costó décadas construir a opositores de centro derecha e izquierda y reformistas dentro de los últimos gobiernos priistas de Carlos Salinas con la fundación del IFE en 1994, de Ernesto Zedillo cuando alcanzó su autonomía en 1996 y Enrique Peña Nieto a ampliar en 2014 sus facultades las elecciones en los estados.

Sobre este tema, la semana pasada en un encuentro entre varios ex legisladores, funcionarios, analistas y periodistas se valoraron ambas iniciativas y si bien hubo consenso en los peligros que implica para la democracia mexicana la iniciativa presidencial de reforma electoral, también se comentó de los riesgos que implican los intereses particulares dentro de la alianza opositora.

Intereses que podrían llegar a hacer tambalear a la coalición Va por México si algunos la fracturan y compran cualquiera de las propuestas que conforman la iniciativa de Morena porque impactarían negativamente nuestro sistema político electoral; a diferencia de las planteadas por PAN, PRI y PRD, que si bien considera cambios importantes como una segunda vuelta electoral o una vicepresidencia, no trastocan la esencia del sistema político-electoral mexicano.

Y finalmente, poniendo la cosa en términos futboleros, es un despropósito cambiar las reglas 10 minutos antes del juego de campeonato de 2024, porque reformar la ley electoral y la estructura de representación de los Poderes Legislativos a la víspera de la elección presidencial sólo generaría fallos en su aplicación, conflictos, desconfianza e inestabilidad.

Sin duda se debe perfeccionar el sistema político-electoral en México, pero no son los tiempos idóneos. Hacerlo es jugar con fuego y pondría en riesgo nuestra perfectible democracia que tanto trabajo y sacrificio ha costado ya a varias generaciones de mexicanos.