Las pasadas elecciones para renovar las gubernaturas en seis estados son ya el nuevo punto de apoyo de Morena y los propagandistas de la 4T para relanzar su ofensiva contra el Instituto Nacional Electoral y sus consejeros con un discurso en que el eje rector son acusaciones de supuestos fraudes avalados u operados por ese organismo.

Esta estrategia sin duda está enfilada en los próximos comicios en el Estado de México y Coahuila y las presidenciales de 2024 y para justificar la supuesta necesidad de cambiar el sistema electoral mexicano a partir de la iniciativa de reforma en la materia presentada en Palacio Nacional.

Desde el pasado domingo tras conocerse los resultados en Aguascalientes y Durango donde resultaron ganadores Teresa Jiménez y Esteban Villegas se escucharon acusaciones de fraude por parte de la candidata duranguense de Morena, Marina Vitela.

Y ahora ya circulan en redes las supuestas pruebas de fraude en Aguascalientes que se fundamentan básicamente en un acta con inconsistencias y la velocidad del registro de los resultados preliminares y el conteo rápido. Sobre los cuatros estados donde ganaron los candidatos de Morena Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca e Hidalgo no pesan acusaciones de fraude.

Así las cosas es esperado lo que ocurrirá en los procesos electorales de 2023 donde la alianza Va por México se la jugará con todo para mantener las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México que hoy gobierna el PRI.

Si gana la coalición sin duda las acusaciones de fraude serán lanzadas de inmediato y de triunfar Morena se habrá logrado superar una supuesta operación de los gobiernos priistas confabulados con el INE.

En los hechos esto simplemente se traduce en que se mantendrá consistente el discurso de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de poner en duda al árbitro electoral y que simplemente no aceptarán ningún resultado que les sea adverso.

El previsible rechazo a la iniciativa de reforma electoral oficial también será utilizado como argumento para acusar a la Oposición de frenar una pretendida renovación de las instituciones electorales y legislativas que más bien huele a la intención de poner las elecciones bajo el control del gobierno.

Eso sin duda augura que será el de 2024 un proceso electoral turbulento en que tanto el gobierno federal como su partido entrarán poniendo en duda de principio a fin la organización, realización y conteo de votos en la elección presidencial y del congreso federal lo que en si mismo puede generar un gran daño a la democracia mexicana y la estabilidad del país.

Así, las cosas se ponen peligrosas pero interesantes rumbo a la recta final del sexenio.