¿Negocios universitarios?

En el terreno académico y administrativo, el rector Adolfo Pontigo Loyola es líder de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH). Pero el patrimonio de la institución —de acuerdo con la ley vigente— queda al arbitrio del presidente del patronato, Gerardo Sosa Castelán.

Con 61,000 alumnos matriculados y un presupuesto de 2,700 millones de pesos para el 2019 —1,800 millones corresponden a subsidios de la Federación—, la UAEH caerá temporalmente en un hoyo financiero, tras de que fueran aseguradas 244 cuentas bancarias por las pesquisas de la estafa maestra, por la que esa institución habría obtenido 157 millones de pesos.

Los servicios educativos, pero también la generación de ingresos propios han sido tareas que las universidades públicas han cumplido diligentemente, cobijados en reglamentos permisivos. Mientras las actividades no tengan fines de lucro y beneficien a la comunidad universitaria, pueden hacer y deshacer a su antojo.

“Se trata de una forma de financiamiento y de ninguna manera debe ser visto como un modelo de negocios”, acotan funcionarios universitarios. Evitar la dependencia del presupuesto gubernamental, pero sobre todo generar recursos propios para becas y actividades de divulgación e investigación son los argumentos esgrimidos.

Hace casi tres décadas, la UAEH incursionó en los negocios, de la mano de Sosa Castelán, quien habría replicado métodos de sustentabilidad aplicados en otras instituciones de educación superior, como las universidades de Oxford y Harvard. Ambas, por cierto, privadas y de excelencia.

Un hato de 500 vacas lecheras en un rancho tecnificado sirven para producir 21 variedades distintas de quesos que son fabricados y comercializados por Prounilac. Una estación de servicio en Mineral de la Reforma. Una línea de transportes de pasajeros. Un centro deportivo. Un hotel… la UAEH tiene 22 unidades de negocios.

La UAEH cumplirá 72 horas en la parálisis administrativa y financiera. El pasado viernes 26, el rector Pontigo Loyola denunció públicamente que seis instituciones bancarias habían negado acceso a los fondos bancarios, lo que impediría cubrir los sueldos y las prestaciones de más de 7,500 trabajadores —en activo y jubilados— que mañana deben recibir sus emolumentos.

Las instituciones bancarias bloquearon los fondos, rechazaron depósitos y negaron el pago de cheques, servicios, proveedores y obligaciones ordinarias.

“Se bloquearon cuentas a personas vinculadas a una universidad por actividades presuntamente ilícitas de corrupción, incluidos casos de conflicto de intereses y venta de hidrocarburos”, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, “si hay cuentas que tienen que ver con el pago de nómina, serán desincorporadas de la lista”.

El rector Pontigo Lozoya calificó el aseguramiento de las cuentas como una acción “ilegítima e ilegal”, que tiene un impacto de corto plazo, pero que no afecta la solvencia financiera de la institución. “El origen de los recursos congelados es público y no pueden ni deben ser puestos en duda”, recriminó.

Pontigo Lozoya remitió sendas comunicaciones al secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, y al subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, para solicitar su inmediata intervención. Mientras, convocó a una consulta urgente a los representantes de los distintos sectores universitarios, en busca de respaldo para una misiva que enviará al Ejecutivo federal, para solicitar una audiencia.

En el fondo, refieren fuentes universitarias, una disputa política en la que Sosa Castelán —exrector de la UAEH y actual presidente de su patronato— es el principal blanco de una ofensiva gubernamental… en la que estaría involucrado un subsecretario de Hacienda, que con la bandera del castigo a los responsables del huachichol y de la estafa maestra buscaría pavimentar su camino a casa de gobierno.

Sosa Castelán está sujeto a investigación, al igual que una docena de exfuncionarios de la UAEH, confirmaron fuentes del SAT.

EFECTOS SECUNDARIOS

APUNTADOS. La estrategia  para combatir el robo de hidrocarburos, presumió el Ejecutivo federal hace una semana, fue exitoso. Los piquetes en los ductos  siguen, pero las mermas no generan más pérdidas económicas. Y tampoco hay desabasto de gasolinas. Pero, ¿el manejo de crisis fue exitoso? Los expertos en comunicación políticos sostienen que, una vez cumplidas las fases de la crisis, el gran reto es acertar a decretar su término. Si se hace antes de tiempo, puede venir un rebrote que acabe con la credibilidad de la institución. Si se hace después, al gobierno no sólo se le cargan los costos adicionales de la crisis prolongada sin sustento, sino todos los costos adicionales. Y que una crisis prolongada establece la percepción de un estado de excepción permanente. En resumen: confirmado el fin de la crisis, el mensaje deberá enfocarse a gestionar la vuelta a la normalidad “lo antes posible” e iniciar el proceso de restauración de  la imagen institucional.

¿FALLIDOS? En tiempo real, a través de las redes sociales, la Administración General de Aduanas transmitió el “decomiso histórico” en el recinto fiscalizado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nadie supo de la investigación previamente o de las labores de inteligencia… Tal vez porque por esa oficina han pasado tres responsables, en los últimos seis meses. ¿Por qué no hubo detenidos?, preguntan agentes aduanales que operan en esa terminal aérea, quienes sostienen que las 40 toneladas requisadas ya estaban bajo resguardo aduanal de abandonos de mercancías y no de decomisos. En el AICM hay 20 recintos fiscalizados.

DESPLEGADOS. Los recientes episodios violentos —Minatitlán y Saltillo, sin duda los más dolorosos, pero no los únicos— justificaron la decisión de adelantar el inicio de los patrullajes de los elementos de la Guardia Nacional. Una estrategia de choque que busca pacificar las 50 regiones prioritarias, identificadas por el equipo de Alfonso Durazo. La inseguridad, pero, sobre todo, la cerrazón del gobierno es el motor principal de una marcha pacífica en la Ciudad de México, convocada para el próximo domingo 5 de mayo. Con la etiqueta #UnamosMéxico, esta nueva versión de la Marcha del Silencio partirá del Ángel de la Independencia.