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La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó por 20 votos a favor y nueve en contra el dictamen presentado por la diputada de Morena Bennely Jocabeth Hernández, que planteó una reforma a la Ley sobre delitos de imprenta, para actualizar las sanciones por ataques a la moral e injurias a los funcionarios públicos.

Para mí que lo que la legisladora morenista pretende con su reforma es poner al día, según el índice inflacionario, el costo de las injurias, insultos u ofensas, las tres palabras son sinónimos.

Según lo argumentado, la ley expedida, en 1917, por el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, con una reforma realizada el 20 de mayo del 2021, contiene sanciones “demasiado laxas”, y en algunos casos “irrisorias”, por lo que no “desincentivan” (privar de incentivos) la comisión de los delitos. Por esta razón la multa a quien insulte al presidente de la República que antes de la reforma a la ley era de 100 a 1,000 pesos, subirá a entre 518.70 y 4,149.6 pesos. Es decir el equivalente de 5 a 40 Unidades de Medida de Actualización (UMA).

Aquí una sugerencia poco seria del que escribe lo que usted lee. Si el producto de las multas va a dar al erario público, en lugar de subir el monto de las mismas las deberían de bajar a fin de crear un aliciente para que los ciudadanos insulten al jefe del Ejecutivo y/o a los funcionarios públicos y, por ende, capte más dinero la Tesorería. Si de 100 a 1,000 pesos muy pocos se atrevían, de 518.70 a más de 4,000 pesos nadie lo va a hacer. Mi propuesta tiene un origen positivo en lo sucedido en Tenalgueo, población michoacana, donde las autoridades pusieron una multa de 50 pesos para aquellos que pisaran el pasto del Jardín Municipal, durante un cuatrienio nadie lo piso. A la llegada de un nuevo alcalde bajó la multa a 10 pesos y fueron muchos los tenalguenses que se atrevieron a pisarlo, con la consiguiente entrada de dinero en las arcas públicas.

Entiendo que las injurias pueden ser impresas o expresas, quedando de la siguiente manera las medidas punitivas (a mi no me apantallan con el verbo desincentivar): Ataques a la moral —cualquier cosa que esto sea— será castigada con una multa de 10 a 40 UMA. La misma cantidad se cobrará a quien injurie al presidente de la República; a naciones amigas, jefes de ellas o embajadores; con el mismo monto será multado quien insulte a jueces, legisladores, generales, coroneles, magistrados y ministros (¿aunque el denuesto provenga de los más alto del poder Ejecutivo? En cambio insultar a el jefe o la jefa de Gobierno, al fiscal general de la República y a los gobernadores, sale más barato, (Entre 5 y 10 UMA 1,037.4 pesos). Con la misma cantidad puede ser sancionado quien insulte a un agente de la fuerza pública.

Esto último me recuerda un chiste que actualizaré: Un borrachillo es detenido por un policía. El beodo le mienta la madre. El policía le hace saber que por el insulto tendrá que pagar 1,037 pesos con cuarenta centavos. El ebrio le da 2,074 pesos con 80 centavos para que chingue a su madre dos veces.

Termino con algo que sucedió en el estado de Guanajuato cuando este era gobernado por el panista Juan Manuel Oliva (2006-2012). Resulta que frente al Palacio de Gobierno, un individuo gritaba: ¡El gobernador es un pendejo! ¡El gobernador es un pendejo! No alcanzó a gritar tres veces cuando fue detenido por la fuerza pública: Te vamos a presentar ante un juez por decir que el gobernador es un pendejo. Pero yo me refiero —se defendió el detenido— al gobernador de Jalisco. No te hagas —le dice uno de los policías— sabemos muy bien a qué pendejo te refieres.