Para la Cuarta Transformación, el diagnóstico del Seguro Popular era irrevocable: había que extirparlo del sector salud tras de 15 años de ese esquema de financiamiento creado por el foxismo y pervertido por el peñismo, que solo benefició a compradores de insumos y servicios.

Andrés Manuel López Obrador prometió en su campaña reconocer a la salud como un derecho humano y garantizar la prestación gratuita, tanto de servicios como medicamentos y demás insumos, a las personas sin seguridad social.

Adiós al Seguro Popular. El nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar dispensaría un nuevo modelo avalado por la Organización Panamericana de la Salud. El modelo SABI se traduciría en las llamadas redes integradas de servicios de salud, un conjunto de establecimientos y personal de salud que además de la atención de los pacientes cumpliría con la promoción de la salud y la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, los cuidados paliativos y la rehabilitación.

Los equipos para la salud del bienestar —de acuerdo al modelo adaptado por Joaquín Molina Leza— asumirían la responsabilidad de mejorar la salud en un territorio y/o población de unas 3,000 personas, —la mayoría ubicadas en comunidades históricamente marginadas— que atenderían un médico a cargo de personal de enfermería y promotor de salud que además estaría respaldado por personal comunitario entrenado.

Era la tropicalización del programa Mais Médicos aplicado hace una década en Brasil, que sirvió para ampliar la cobertura de los servicios sanitarios. En esas brigadas había egresados de las escuelas de medicina de aquella Nación y especialistas extranjeros. De los 18,000 profesionales de la salud que recorrieron más de 4,000 municipios y los 34 distritos sanitarios indígenas especiales del gigante del cono Sur, dos terceras partes eran de nacionalidad cubana.

Aquel programa requirió la firma de un convenio de cooperación técnica entre la OPS/OMS y los ministerios de Salud de Brasil y de Cuba. El modelo SABI, incluso en la pandemia, trajo médicos foráneos sin el respaldo de los organismos internacionales. Su principal articulador había estado en segundo plano hasta ahora, no obstante los cuestionamientos de la comunidad cubano-americana. Y junto con su esposa, Nadine Gasman, forman parte de una amplia lista de parejas que activamente colaboran en la Cuarta Transformación.

Tras de su incorporación al equipo lópezobradorista, en el 2019, Gasman recibió críticas por su falta de arraigo y cuestionamientos por su nacionalidad (es ciudadana francesa y mexicana). Y es que había pasado tres lustros como funcionaria de la ONU, en distintas misiones en el exterior. Pocos recordaban su trabajo previo en México como directora de la IPAS, ONG internacional dedicada a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, que entonces enfocó a la atención de las víctimas de abusos sexuales y al cuidado de practicantes de aborto.

Tampoco entonces se resaltó su formación profesional: médica especializada en salud pública, posgraduada en la Universidad Johns Hopkins, donde también estuvo Hugo López-Gatell. Ni su paso como asesora del gobierno nicaragüense y menos, el expertise del Grupo Latinoamericano de Salud, la consultoría independiente que fundó junto con Molina Leza, su esposo, cirujano dentista.

Gasman y Molina Leza se conocieron cuando este último fungió como representante de la OPS en México y entre 2013 y el 2018 estuvieron en Brasil; ella como representante de ONU-Mujeres y él, como asesor especial del gobierno de aquella república del Cono Sur.

Nadie Gasman se incorporó al Instituto Nacional de las Mujeres cuando su esposo ya trabajaba como coordinador de evaluación y estrategia en el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, la entidad que sustituyó a la Comisión Nacional para la Protección de la Salud. Ese proyecto tuvo al frente a dos operadores tabasqueños, cercanos a Palacio Nacional: Juan Antonio Ferrer, actual titular del Insabi, y Víctor Manuel Lamoyi, quien ahora dirige el Banco del Bienestar, sustituto de Bansefi.

La titular del Inmujeres contó con el respaldo de la senadora Malú Micher y de un amplio sector de las líderesas del movimiento feminista en México, mientras que Molina Leza pudo abrirse paso en el sector salud mexicano en primera instancia por la entonces secretaria de la Función Pública, y su desempeño durante la primera ola de la pandemia. La evidencia del ascenso de este grupo en el sector salud está en el nombramiento de Alejandro Ernesto Svarch como titular de la Cofepris. Anteriormente, el funcionario fungió como coordinador médico del Insabi.