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Como si fuera un logro propio, la Cuarta Transformación presumió que The Lancet, la prestigiada revista médica, publicara los resultados de la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19. Disipadas las suspicacias sobre su seguridad y efectividad, solo faltaba que la autoridad regulatoria permitiera su uso emergente, para que se cumpliera la promesa del gobierno de Vladimir Putin.

El registro de las pruebas clínicas, no la validez de las pruebas, es lo que está pendiente. El lunes 1, fuera de la conferencia vespertina, el subsecretario Hugo López-Gatell relevó que sin representación en México, el Fondo Ruso de Inversiones tendrá que buscar un socio mexicano para tramitar la autorización de Cofepris. Nada distinto a lo ocurrido en Argentina, Bolivia y Paraguay, por cierto.

Los investigadores del Centro Gamaleya son los responsables de la elaboración de la Gam-Covid-Vac, una vacuna de vector combinado, basada en rAd tipo 26 (rAd26) y rAd tipo 5 (rAd5), ambos portadores del gen de la glucoproteína S de longitud completa del SARS-CoV-2. Ese biológico se administra por vía intramuscular en dos dosis, por separado, con un intervalo de 21 días.

Completadas las tres fases clínicas, entre junio y noviembre del 2020, ese biológico fue aprobado provisionalmente en Rusia, de acuerdo con la legislación local. Dicho registro permite utilizar la vacuna en grupos de alto riesgo, con farmacovigilancia mejorada, mientras se realiza un estudio de eficacia poscomercialización.

En el registro de Cofepris, los datos del investigador principal serán de funcionarios de Birmex, la farmacéutica paraestatal que encabeza Pedro Zenteno. Pero el “principal sponsor” —de acuerdo a las categorías establecidas por el regulador— es Human Vaccine LLC, agencia rusa que opera con fondos gubernamentales de aquella nación.

Ayuno de vacunas contra la Covid-19, el gobierno de México tenía motivos para festejar la conclusión de las pruebas del producto ruso, una vacuna recombinante basada en adenovirus de replicación deficiente (rAd) que ofrece una protección a largo plazo contra la Covid-19 en entornos de brotes. El inicio rápido de la inmunidad protectora es su propósito.

Anoche, Cofepris autorizó a Birmes el uso emergente de esa vacuna. Previamente, el gobierno de México ha contratado vacunas contra la Covid-19 con instituciones que cuentan con autorizaciones de uso de emergencia. La OMS reportó que al menos 13 vacunas están en la fase 3 y otras 51 en evaluación clínica; mientras que 173 están en análisis preclínicos.

A la fase 3 llegaron las vacunas vectoriales, entre ellas las del Centro Gamaleya; la de AstraZeneca/Universidad de Oxford; la de CanSino Biological y la de Janssen. Igualmente están las vacunas basadas en ARN mensajero, que son las de Moderna y Pfizer/BioNTech y las vacunas de virus inactivos, que son las SinoVac y Sinopharm. Adicionalmente está la vacuna de nanopartículas de proteínas recombinantes, de Novavax.

Efectos secundarios

CUESTIONAMIENTOS. ¿Una imagen vale más que 1,000 palabras? ¿O el debido proceso es la premisa para el Poder Judicial? Con evidencia manipulada, un juez de control del distrito de Valles Centrales, Oaxaca, decretó la vinculación a proceso para Javier Alejandro Figueroa, como presunto responsable del homicidio del excooperativista de La Cruz Azul, Oliverio Guerrero, ocurrido a las afueras de la planta de Lagunas de esa cementera, hace cuatro meses. Los abogados del imputado recabaron pruebas que fehacientemente prueban su inocencia, entre ellas un video que exhibe sin espacio para dudas, que Oliverio fue golpeado por otra persona, distinta al imputado, justo antes de ser arrollado por la camioneta en la que iba José Antonio Marín, de los socios de La Cruz Azul que se adueñaron de la cementera. Pero el juez Jorge Armando Félix Toledano no lo admitió como prueba y dejó al Ministerio Público estatal actuar sin límites. Félix Toledano terminó vinculado por el delito de homicidio con modificativa agravante de alevosía y ventaja. En tanto los abogados de Alejandro Figueroa presentan los recursos legales pertinentes, bien haría el Consejo de la Judicatura en asomarse a esa entidad y revisar la actuación de jueces que parecen estar cargados a favor de la facción de los cooperativistas que se ha hecho indebidamente del control de los bienes colectivos.