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De cara a la XXII Asamblea Nacional del PRI, el tema de los requisitos para ser candidato a la Presidencia domina el debate en el partido. Algunos piden reactivar la condición de tener un cargo de elección popular en el historial. Otros, en contraste, quieren eliminar la exigencia de los diez años de militancia mínima. Para los aspirantes a la candidatura, estas definiciones seguramente representan la decisión fundamental del encuentro.

Recordemos que en la XVII Asamblea, la rebelión de los priistas duros sacó de la contienda presidencial a gran parte del equipo de Ernesto Zedillo. De regresar los candados impuestos entonces, hoy podría suceder lo mismo a varios miembros del gabinete.

Para el PRI, sin embargo, el reto hacia 2018 trasciende esta polémica. Pocas veces este partido ha encarado condiciones tan adversas: la mayoría de los estados gobernados por la oposición, encuestas electorales desfavorables y una opinión pública volcada hacia el cambio.

Para un PRI cuestionado y decaído, la cita puede significar una catarsis revitalizante. Algo similar a lo ocurrido en la XIV Asamblea Nacional encabezada por Colosio, que dejó atrás el desánimo provocado por la crisis de 1988 y la posterior derrota en Baja California. Para lograr ese efecto, la próxima Asamblea tendría que ser un espacio vivo, de debate abierto, donde la militancia sea reconocida y escuchada. La sola aprobación de decisiones cupulares la haría intrascendente.

La Asamblea también abre al PRI una oportunidad para empezar a reposicionarse ante la sociedad. Pero esto requiere una profunda autocrítica, el reconocimiento de errores y, a partir de ello, la definición de un discurso nuevo y de una propuesta de cambio coherente y creíble. Si el PRI apuesta a más de lo mismo, se desconectará de esa parte importante del electorado que lo ha abandonado y quedará únicamente a expensas de su voto duro.

El reto no tiene precedentes y, sin embargo, hasta ahora no se observa en el PRI esa voluntad de reinvención. Habrá que esperar lo que suceda el 12 de agosto.