“Simplemente dejamos que la Madre Naturaleza haga el trabajo”, presume Sun Harvest Salt, una corporación establecida en Santa Mónica, California, hace cuatro años por su fundadora, Ramona Cappello, para “cosechar” sal marina de grano alimenticio y comercializarla en Estados Unidos, donde —según las autoridades sanitarias— más de 30% de la población adulta padece problemas de … Continued
“Simplemente dejamos que la Madre Naturaleza haga el trabajo”, presume Sun Harvest Salt, una corporación establecida en Santa Mónica, California, hace cuatro años por su fundadora, Ramona Cappello, para “cosechar” sal marina de grano alimenticio y comercializarla en Estados Unidos, donde —según las autoridades sanitarias— más de 30% de la población adulta padece problemas de hipertensión, la segunda causa de las cardiopatías.
Secret Sun es una marca registrada y también un proceso industrial patentado por Cappello para producir sales marinas monocristalinas y bajas en sodio, cuya materia prima es producto de manos mexicanas, dentro de la planta de producción de Exportadora de Sal, la paraestatal mexicana en la que participa Mitsubishi Corporation como socio.
“Nuestra recolección comienza en una hermosa laguna frente a la costa del Pacífico en Baja California Sur, México, —la laguna Ojo de Liebre, en la reserva de la biósfera de El Vizcaíno—, utilizamos el sol como nuestra principal herramienta de recolección. Nuestro proceso es patentado y respetuoso con el medio ambiente”, presumen ante sus clientes de la industria alimenticia.
El proceso descrito —tanto en la recolección como en el lavado, transporte y almacenamiento— es similar al aplicado por los empleados de ESSA en Guerrero Negro. Pero en todo caso, esta controversia y la validez de contrato de compraventa del producto, firmado por Cappello y Jorge Humberto López-Portillo Basave, entonces director de ESSA, el 27 de marzo del 2014, estaría en litigio.
En caso de existir “posibles hechos irregulares (sic)” en este contrato deberán presentarse denuncias ante las entidades correspondientes, urgió Jorge Mario Soto, titular del OIC de la Secretaría de Economía, a los directivos de la empresa en la última sesión del consejo de administración del 2017.
A juzgar por el récord de litigios perdidos por esa empresa, no era una buena idea. Y es que las “acciones legales y/o administrativas” que buscaban anular los contratos firmados por López-Portillo Basave con los representantes de Experiencia Nutrimental e Innofood —para la venta de sal—, además de Packsys y Corretaje Marítimo Sudamericano fracasaron.
Han pasado cuatro años desde que la directiva que lo sustituyó —por órdenes del consejo de administración, encabezado por Mario Alberto Cantú— quiso en tribunales anular nueve contratos mercantiles, para vender desperdicios y productos de ESSA así como de servicios y publicidad. Una docena de compañías afectadas acudieron a tribunales en México, Estados Unidos e Inglaterra.
Hasta ahora van seis demandas y laudos perdidos. De acuerdo con los estados financieros, hasta 13,000 millones de pesos podrían ser erogados para indemnizaciones.
Si ESSA hubiese mantenido los contratos que desconoció con Experiencia Nutrimental para venderle 1.5 millones de toneladas de sal anuales, habría recibido 30 millones de dólares. Con Innofood, en contrato, implicaban 250,000 toneladas de sal anuales y un pago de 6.8 millones de dólares. En cambio prefirió incumplir el contrato en el 2015 y enfrentar una demanda que perdió en fecha reciente y ahora deberá erogar 100 millones de pesos.
El pasado 8 de febrero, en tribunales ingleses, Corretaje Sudamericano ganó la demanda que interpuso contra ESSA por la cancelación del contrato de construcción de una barcaza de descarga automática. El laudo: el pago de 14 millones de dólares.
A finales del año pasado, la directiva de ESSA solicitó autorización al consejo de administración para tramitar un préstamo por 1,925 millones 400,000 pesos “que le permita a la empresa darle continuidad a sus programas de operaciones en el mediano y largo plazos”. ¿Y para el pago de las indemnizaciones de los juicios pendientes?
En caída libre, los ingresos por la venta de la sal de ESSA. En el 2014 lograron un récord de 150.6 millones de dólares, pero tres años después —en ese periodo, la paraestatal ha visto pasar a cuatro directores generales— fueron de apenas 117.4 millones de dólares. En ese lapso, la producción cayó de 8.5 millones a 7 millones de toneladas métricas.
Para el 2018, el consejo de administración aprobó los precios de la sal industrial a granel —vendida principalmente a Mitsubishi— que fueron fijados en 14.88 dólares por tonelada métrica, sobre un volumen de 6.9 millones de toneladas. Un excedente de 300,000 toneladas sería ofrecido a clientes de China y Taiwán.
Los encargados de esas operaciones —consta en una versión estenográfica de la sesión de los consejeros, efectuada el pasado 9 de noviembre— son Jorge Rodolfo Lyle Fritch, quien dejó el área de adquisiciones para asumir la gerencia de Promoción Comercial, y su sustituto, Ernesto Guerrero Serafín.
En esa misma sesión, el entonces director general, Pedro Silvino Xavier Lazcano, recibió el mandato de firmar el contrato con Mitsubishi Corporation. Pero tres meses después —por invitación de Rosario Robles Berlanga— asumió la coordinación del Fondo Minero.
A la primera sesión ordinaria del 2018, celebrada el pasado jueves 22, no llegó el nuevo director general. Felipa de Jesús Quiñones sigue como encargada de despacho.
EFECTOS SECUNDARIOS
RECUPERACIONES. La Policía Estatal y actuarios judiciales recuperaron tres predios ubicados en la Zona Hotelera de Cancún, vendidos durante la administración de Roberto Borge, al empresario gasolinero Ricardo Antonio Vega Serrador, operación que se hizo a un costo por debajo de 10% de su valor real. La recuperación procedió luego de tres juicios civiles contra Caveri Servicios Inmobiliarios y Vega Serrador también es investigado por la PGR por el delito de lavado de dinero. En esa zona —conocida como Villas Juveniles del CREA— el costo promedio por metro cuadrado es de 4,000 dólares.
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