El cierre de la oficina especial (oficializado la semana pasada), que por la relevancia del crimen había creado la institución autónoma del Estado mexicano, quedaría en el anecdotario
Los Alejandros, Gertz Manero y Encinas, fiscal general de la República y subsecretario federal de Derechos Humanos, están en un serio aprieto: como si fuese su principal responsabilidad y a la vez que capotean el auge del delito y las violaciones, se comprometieron a continuar las investigaciones (que consideran plagadas de defectos, pero ninguno sustantivo) de la Procuraduría que encabezó Jesús Murillo Karam y atender las recomendaciones que sobre el caso de Los 43 hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la gestión de Luis Raúl González Pérez. No obstante, tienen ante sí la dificultad de sortear una idiotez: la misma CNDH, con Rosario Piedra al frente, descalificó ambas averiguaciones y se dispone a tergiversar hechos para inventar lo que sea con tal de llegar a conclusiones “en acuerdo” con los activistas políticos que representan a los deudos.
El cierre de la oficina especial (oficializado la semana pasada), que por la relevancia del crimen había creado la institución autónoma del Estado mexicano, quedaría en el anecdotario de los reacomodos administrativos con que cada gerifalte pretende “imprimir su huella” si se continuara dando seguimiento al grado de atención que las autoridades implicadas fueran dando a las recomendaciones. Sin embargo, la escandalosa ineptitud y el activismo faccioso de la señora Piedra evapora la mínima esperanza de que se procure justicia y se resarzan los agravios a los derechos de las personas.
La investigación desechada superó lo hecho por la extinta PGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (ni qué decir de las ocurrencias de los representantes de los padres de los normalistas).
El expediente que integró no tiene precedente y sustenta sus conclusiones en elementos objetivos que, además de declaraciones y confesiones, comprenden evidencias científicas y opiniones expertas. Entraña una verdad basada en pruebas y por esto aterra que le incomode a la presidenta de la CNDH. La extensión, alcance y profundidad del trabajo no se prestó ni se procesó en función de cálculo político de alguna índole. Sus recomendaciones, en rigor, no avalan la repudiada “verdad histórica”, pero tampoco ignoraron el hecho incontrovertible de que en el basurero de Cocula fueron quemados y carbonizados al menos 19 cuerpos humanos, lo cual ha sido neciamente negado por el GIEI con base en un “peritaje” patito y por los vividores del dolor ajeno que timan a los deudos con la mentira contumaz de que el Ejército fue el instrumento de un “crimen de Estado”.
Resultado de más de cuatro años de investigación en detalle de aquella CNDH, en pleno gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ese trabajo mereció el reconocimiento del fiscal general y del subsecretario Encinas, quienes aseguraron que el informe sería el apoyo de sus indagaciones
.…Pero la señora Piedra les quitó el andamio.
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