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Hace exactamente dos meses que dedicamos este espacio a analizar la falta de acuerdos en el Congreso de Estados Unidos (EU) para aprobar un aumento en el límite máximo de endeudamiento del gobierno federal.

En aquel entonces, apuntamos que, aunque el límite de endeudamiento se había rebasado desde el 19 de enero, el gobierno federal contaba con recursos suficientes para funcionar hasta julio sin incurrir en consecuencias graves.

Sin embargo, hace unos días, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, envió una carta al Congreso informando que el gobierno federal podría quedarse sin recursos tan pronto como el 1 de junio.

En su comunicación, Yellen urgió al Congreso a aprobar un incremento en el límite máximo de endeudamiento o a suspenderlo de manera temporal en lo que se alcanza un acuerdo.

Si para esa fecha no se logra un acuerdo, el gobierno federal se vería obligado a implementar una serie de recortes de emergencia en el gasto, incluyendo partidas esenciales en una gran cantidad de rubros (sueldos de funcionarios, educación, defensa, infraestructura, etc.)

De no hacerse los recortes, el gobierno se quedaría sin recursos para hacer frente a sus acreedores, entrando en una situación de incumplimiento por primera vez en la historia de Estados Unidos.

Desafortunadamente, esta amenaza no es nueva. En el verano del 2011, los legisladores en EU mantuvieron un impasse, durante varios meses, a aprobar el incremento en la deuda federal.

En aquella ocasión, los republicanos, utilizaron la amenaza de no autorizar la ampliación en los límites de endeudamiento para presionar al gobierno demócrata de Obama a implementar un programa de recortes en el gasto público.

El 31 de julio del 2011, dos días antes de la fecha límite para incurrir en un incumplimiento, los legisladores aprobaron un nuevo presupuesto y un incremento en el límite máximo de endeudamiento.

Sin embargo, este acuerdo funcionó como solución temporal ya que el nuevo límite de endeudamiento se alcanzó a principios del 2013, reactivando el juego de chantaje político.

La crisis legislativa del 2011 propició que el 5 de agosto del 2011, la agencia calificadora S&P recortara la calificación de riesgo crediticio de EU de “AAA” a “AA+”, colocándola además en Perspectiva Negativa.

Otra consecuencia de ese episodio fue una caída de casi 20% en el S&P 500 entre finales de abril y principios de octubre de ese año, y una fuerte desaceleración en la economía que estuvo a punto de entrar en recesión por segunda vez en menos de dos años.

En esta ocasión, la discusión entre republicanos y demócratas no es muy diferente que la del 2011.

De hecho, los legisladores republicanos en la cámara de representantes, ya aprobaron un incremento al límite máximo de endeudamiento como parte de un Paquete Económico que incluye fuertes recortes en algunos rubros del gasto público y la derogación de legislación reciente con incentivos fiscales para combatir el cambio climático. Sin embargo, este paquete no tiene posibilidades de ser aprobado en el Senado que aún controla el Partido Demócrata.

El presidente Biden ha insistido en que no vinculará la negociación del límite de endeudamiento con otros temas, incluyendo recortes presupuestales. Sin embargo, con la premura de la fecha fatal del 1 de junio, Biden ha convocado una reunión con legisladores de ambos partidos para el 9 de mayo con el objetivo de llegar a un acuerdo.

Aunque el mercado asigna una probabilidad muy baja a un escenario de incumplimiento, los acuerdos podrían derivar en una mayor restricción fiscal para este año y el que sigue.

Esta mayor restricción fiscal, sumada al ciclo de política monetaria más restrictivo de los últimos 15 años y un escenario de desaceleración económica, no son halagüeños.