Nada ha cambiado. Y nosotros lo hemos tolerado. Y nosotros tampoco hemos hecho nada para que cambie la realidad corrupta, inepta, inmoral de estas investigaciones
Hace treinta años, el dos de noviembre de 1995, desapareció mi amiga Heidi Slauquet en Ciudad Juárez.
Al salir de las instalaciones del aeropuerto, a bordo de un taxi, a las seis de la tarde, fue secuestrada por hombres armados que la subieron a una camioneta. Al día siguiente el taxista que conducía su vehículo fue encontrado asesinado.
Decidí investigar los hechos porque ella no tenía familia.
Primero se negaron, en la oficina del entonces procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, a iniciar una denuncia porque no era delito federal, asegurando que la respuesta de las autoridades locales era que se estaba “investigando”. Después el procurador del Estado de Chihuahua, Francisco Molina, frente a mí, en su oficina, aceptó que no se estaba investigando. Legalmente Heidi estaba ausente, no existía ninguna denuncia para iniciar un expediente de investigación.
Se me proporcionó el apoyo del comandante antisecuestros, por instrucciones del gobernador panista Francisco Barrio, quien comisionó a varios agentes para “acompañarme” en mi investigación.
Digo en mi investigación porque ellos, las autoridades, los policías, se negaron a hacerla, era un asunto muy “grueso”. Comencé por entrevistar a los taxistas del aeropuerto, a la familia del taxista asesinado, a los amigos de Heidi que en ese tiempo vivía en Ciudad Juárez. Reuní todas las fotografías, las pruebas, los papeles de esa desaparición, y de muchas otras que habían sucedido en esas semanas de igual manera. Personas que, simplemente, desaparecían. Otras que eran “detenidas” y nunca se volvía a saber de ellas.
Fueron muchos meses, mucho agotamiento, mucho miedo, mucha frustración. Recorrí oficinas, hasta las de autoridades norteamericanas en El Paso, Texas, con papeles, fotografías, datos del presunto autor de su desaparición. Sabía que buscaba su cadáver.
Al final llegué, llegamos, hasta descubrir la existencia de un rancho del criminal, en la periferia de Ciudad Juárez, con albercas y lienzo charro. El paso siguiente era un sobrevuelo en helicóptero para situarlo y continuar la investigación, pedir un registro de la propiedad. Ahí se detuvo todo, pese a los ofrecimientos del procurador Molina y del gobernador Barrio. No se volvió a levantar un dedo para continuar, con el poder criminal había topado. Deje constancias en la procuraduría general de la República. Se inició otra investigación, se canceló otra investigación. Regresé a mi vida en la Ciudad de México.
Años después otro procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuellar, me llamó a su oficina y me ofreció una disculpa. Habían encontrado el rancho por el secuestro de una agente de la DEA, sabían la historia, el nombre del dueño, la lista de personas asesinadas que fueron enterradas ahí, el nombre del personaje que tanto busqué, autor intelectual del secuestro, el famoso “compadre” de quien entregué fotos. Sobre muchas fosas habían puesto cemento…
Ya para entonces, 1998, el comandante antisecuestros, Francisco Minjarez, había sido asesinado, una investigación posterior demostró que era quien encabezaba los secuestros que luego investigaba.
Pasaron treinta años. El caso indignante, aborrecible, del asesinato de Edith Guadalupe, las complicidades de las autoridades, las corruptas omisiones, la desesperación de su familia, demuestran que poco, casi nada ha cambiado. Ni la legislación vigente, ni la obligación de investigar de las autoridades, ni la forma en que deliberadamente ignoran las pruebas presentadas por la familia.
Nada ha cambiado. Y nosotros lo hemos tolerado. Y nosotros tampoco hemos hecho nada para que cambie la realidad corrupta, inepta, inmoral de estas investigaciones.
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