El pésimo estado de conservación que guardan la gran mayoría de las carreteras y autopistas a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe) debe ser considerado como consecuencia de actos criminales y de corrupción
El pésimo estado de conservación que guardan la gran mayoría de las carreteras y autopistas a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe) debe ser considerado como consecuencia de actos criminales y de corrupción.
Y ni hablar del nivel de destrucción de las calles en ciudades como la Ciudad de México en la que, claramente, a sus autoridades ya les importa muy poco que todos los días se causen desperfectos y accidentes derivados del nivel de destrozo del pavimento de avenidas primarias y secundarias. Total, los que tienen auto no son su clientela política de cualquier forma.
El miércoles entró en vigor de manera puntual un nuevo incremento en el costo del peaje por el uso de las 42 autopistas operadas por Capufe, pero ayer se cumplió también un día más en que esa infraestructura no recibe el más mínimo mantenimiento.
Nunca antes, al menos en lo que va del siglo, las autopistas de Capufe habían estado en tan malas condiciones y nunca antes en la historia había sido tan caro circular por esas vías.
El estado en el que se encuentra, por ejemplo, la autopista México-Cuernavaca, que subió su costo más de 7% y hoy tiene un costo de 122 pesos para los automóviles, no puede sino ser tipificado como un delito. Es un camino peligroso por la cantidad de baches y defectos de la carpeta asfáltica, lo que propicia todos los días accidentes y descomposturas.
El problema de esa autopista y de todas las demás que opera el gobierno federal es el mismo: los recursos que se deberían utilizar para el mantenimiento de esas pocas y escasas vías de comunicación, se desvían para los programas asistencialistas de intensiones electorales de la 4T. Y no les importa la reacción de los automovilistas, porque no son su clientela política.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se estrenó hace más de dos años con un recorte presupuestal a Capufe de 45 por ciento. Para este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte redujo otro 22% el presupuesto de conservación de carreteras.
Es, además de una actitud criminal, por los accidentes que se provocan, un fraude para los automovilistas que pagan por circular en caminos que deberían estar en buen estado.
Pero la visión de la 4T es que la prioridad de la recaudación federal es nutrir la agenda personalísima del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si hay que dejar de comprar medicamentos contra el cáncer infantil para centralizar los servicios médicos en el inoperante Insabi, se hace.
Si hay que dejar de mantener carreteras, calles, puertos, aeropuertos y demás infraestructura existente para devastar la selva y construir un tren o montar una refinería en un pantano, hágase.
Y si hay que quitarle a todos los demás para regalar dinero en programas asistencialistas que buscan dependencia de amplios sectores sociales y que se vean obligados a votar por su transformación, se aplica y punto.
En fin, que hoy las carreteras a cargo de Capufe son más caras que nunca y son infinitamente más peligrosas que en cualquier gobierno anterior. Son la analogía perfecta del camino de la 4T.
Minuto a minuto
