La decisión de la empresa automotriz BMW de quedarse en San Luis Potosí no fue fácil. Más bien fue producto de una serie de negociaciones y cabildeos porque en algunos círculos de la compañía alemana había algunas reticencias a quedarse en territorio potosino. Y es que, para que una inversión del tamaño de lo que … Continued
La decisión de la empresa automotriz BMW de quedarse en San Luis Potosí no fue fácil. Más bien fue producto de una serie de negociaciones y cabildeos porque en algunos círculos de la compañía alemana había algunas reticencias a quedarse en territorio potosino.
Y es que, para que una inversión del tamaño de lo que BMW tiene previsto –mil millones de dólares- se requieren dos condiciones claras: seguridad para la inversión y certeza jurídica, algo que parece no habían visto del todo en San Luis Potosí.
La razón es simple pero a la vez compleja.
En algunos círculos de empresas –sobre todo multinacionales- se tenía detectada una práctica emprendida por un grupo de abogados coludidos con ex directivos de esas compañías y jueces estatales que tiene como fin hacer valederos contratos apócrifos de proveeduría de servicios o venta de bienes sin que estos se hayan llevado a cabo en realidad.
La mecánica es la siguiente: prominentes abogados surgidos de la esfera pública ubicaban a ex directivos de empresas multinacionales que habían salido inconformes tras ser removidos de sus cargos. Como estos habían iniciado juicios laborales entonces era fácil saber que estarían dispuestos a ganar de cualquier manera, sobre todo en la parte económica.
Dichos abogados armaban toda una estrategia. La primera era saber si los ex directivos de empresa tenían los poderes o facultades legales para firmar contratos. Si así era, entonces se fabricaban supuestos contratos de proveeduría o venta de servicios a nombre de empresas ficticias o reales, pero coludidas, para exigir el pago muchas veces referenciado a dólares, en cantidades que van de los miles a los millones.
Cuando las empresas multinacionales eran requeridas para el pago, la primera reacción era desconocer la validez de los contratos, sobre todo si procedían de ex directivos despedidos. Y entonces se iniciaban procesos –como los que actualmente hay en instancias judiciales- para negar el pago.
Pero hete aquí una sorpresa: los jueces civiles daban la razón a los defraudadores con lo que se exigía el pago a las multinacionales.
La razón: vínculos de los abogados con los jueces en negocios multimillonarios en dólares.
Varias empresas multinacionales quedaron en alerta frente este hecho, situación que llegó a oídos de los tomadores de decisión de BMW que se replantearon llevar la inversión de mil millones de dólares al estado de Guanajuato, sobre todo por el hecho de que esa entidad se ha tornado en una especie de clúster automotriz.
Sin embargo, por el monto de inversión y su impacto, en el Gobierno Federal se ofreció otra opción, Hidalgo, con apoyo de la gestión del ex gobernador Osorio Chong, pero que se declinó porque significaría mayores montos dado que no existe la infraestructura suficiente en ese estado.
Finalmente, desde el mismo Gobierno Federal se planteó reconsiderar San Luis Potosí, aunque no se sabe si a cambio BMW tendría mayores beneficios en apoyos fiscales, accesibilidad a terrenos y otro tipo de incentivos que maximicen la inversión, algo usual en los estados para ganar inversión de alto impacto.
Pero la pregunta queda: ¿cómo harán frente BMW y otras empresas a esa colusión de abogados y jueces que han encontrado en la extorsión legalizada una forma de obtener recursos?
¿Lo sabrán en el gobierno del estado y en el Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí?
Post Scriptum.- Agradezco con esta entrega a mi querido amigo Joaquín López-Dóriga la oportunidad de volver, después de muchos años, a escribir con periodicidad en espacios públicos.
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