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La matanza de Minatitlán, 13 ejecutados, entre ellos un bebé, por la siniestra determinación de un grupo de sicarios, deja claro que los nuevos gobiernos de Morena, en este caso el federal, el de Veracruz y el de Minatitlán, no están en control de la seguridad.

El aumento de los homicidios durante el primer trimestre del año es el mayor registrado hasta ahora, un promedio de 95 diarios.

La percepción de inseguridad ha crecido también, como lo muestra la encuesta del Inegi con 79 por ciento de la población que dice haber visto crecer la inseguridad de su entorno.

El presidente López Obrador ganó las elecciones diciendo que el cambio en la violencia sería claro desde el primer día de su gobierno. Ha pedido anteayer un plazo de seis meses para que empiecen a verse los resultados.

El Presidente dijo también, cuando candidato, que el Ejército regresaría a los cuarteles. Ya electo, dio un giro de 180 grados, hacia un enfoque más militarista que el de sus antecesores.

En una reforma constitucional creó la Guardia Nacional, y obtuvo un plazo de cinco años (5 transitorio de la reforma) para utilizar como quiera a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Mucho han crecido las facultades del Presidente respecto del uso de las fuerzas armadas. Pero han crecido también los homicidios y la inseguridad.

A ningún observador experto en la materia le ha sorprendido el incremento de la violencia, la previeron con todas sus letras.

Pero es la hora en que ni expertos ni gobierno pueden explicar en qué consiste exactamente la nueva estrategia.

El nuevo gobierno dice bien cuando asegura que lo que sucede hoy es parte de la herencia que recibió. Debería reconocer que dijo mal cuando prometió una solución fácil a un problema complejo que, hoy por hoy, no es capaz de describir.

Los muertos de Minatitlán tienen el involuntario poder simbólico de la realidad. No hay responsables específicos y entonces el responsable genérico de siempre es el gobierno.

Todo esto es artificial, desde luego, pero acaba siendo cierto: o el gobierno entrega a los asesinos o acaba apareciendo como cómplice de ellos.

La mejor vacuna política contra el crimen es aclarar el crimen.