En 2027 habrá elecciones y los candidatos se escogerán a fin del presente año; estamos hablando de la renovación de 680 presidentes municipales. ¿Cómo hará para protegerlos del crimen organizado?
LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH,
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA:
Sé que anda muy ocupado por Washington, D.C., entrevistándose con altos funcionarios dedicados a la materia que les es común: la inseguridad y los causantes de la misma. Pero no estaría por demás que le echara un ojo al reporte elaborado por Integralia Consultores: Violencia Política en 2025.
Este tipo de violencia es una faceta de la inseguridad que vivimos; sin embargo, resulta muy preocupante porque lesiona la institucionalidad del país. Integralia la define de la siguiente manera: “Por violencia político-electoral se entiende todo tipo de agresiones contra actores que participan en procesos electorales o que ya ocupan cargos públicos para influir en los resultados electorales y/o fomentar la imposición de regímenes criminales por medio de la fuerza”.
De acuerdo con los datos recopilados, la violencia político-electoral ha ido en aumento constante desde 2019, cuando hubo 79 casos; los incrementos son a veces del 100% hasta llegar en 2025 a 382 incidentes. Por tipo de delito se tiene que casi la mitad de los incidentes fueron homicidios dolosos, seguido de amenazas (96) y atentados con armas de fuego (50), secuestros (24) y desapariciones (18).
Otras investigaciones confirman lo expuesto por el reporte de Integralia. De acuerdo con el Índice de Conflictos elaborado por Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), México, Ecuador, Brasil y Haití son los países más peligrosos; nuestra nación ocupa el 4º lugar. Por su parte, el Banco Mundial nos dice en su estudio Estabilidad Política y Ausencia de Violencia que México alcanza 35.55 puntos de un máximo de 100, mientras que Canadá logra 93.84 puntos. Así de mal andamos.
Ahora pasemos al detalle del reporte de Integralia, don Omar.
Los eventos se registraron en entidades que de suyo aparecen en el ranking de los estados más violetos, como Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Baja California y Guanajuato. Llama la atención que en la lista de entidades con más casos de violencia político-electoral aparezcan Puebla y Oaxaca.
Como era de esperar, a nivel municipal los casos se concentran en zonas donde hay una fuerte presencia de organizaciones criminales que se confrontan por el control territorial y frente a las cuales la capacidad institucional es limitada. Bien sea por elecciones o por el control de la zona, el caso es que funcionarios y figuras políticas son agredidas, la mayor de las veces impunemente. Mención aparte merece Veracruz, donde hubo elecciones el año pasado y que ocupa el primer lugar de incidentes.
“El homicidio se consolida como el principal mecanismo de violencia político-electoral: casi la mitad de los incidentes (49.2%) correspondieron a homicidios dolosos, seguidos por amenazas y atentados con arma de fuego,” nos dice el reporte. “Esta composición refleja una escalada en la letalidad y una menor dependencia de mecanismos de intimidación indirecta”.
Lamentablemente, la ocurrencia de la agresión no es el final de los eventos, porque lo que está en juego es el dominio rutas para el trasiego de droga, lo mismo que la captura de mercados y economías locales. El famoso derecho de piso ya es algo de todos los días en todas las actividades productivas en entidades como Guerrero y Michoacán. Pero también nos encontramos con que la violencia político-electoral está relacionada con la captura de oficinas municipales para la extracción de rentas; me refiero a las oficinas de Obras Públicas y Agua, por solo citar dos ejemplos.
Dos variables influyen para facilitar la ocurrencia de incidentes: la alta fragmentación criminal y la debilidad institucional. La primera la debe de tener mapeada el Gabinete de Seguridad y la puede atacar, pero la segunda es una tarea de recomposición de por lo menos mediano plazo. El mejor ejemplo de ello es Guerrero.
Con estos datos, don Omar, me pregunto cómo es que ciudadanos interesados en la política y el servicio público van a animarse a contender por una alcaldía. Quiénes van a ser los valientes que se postulen a sabiendas que incluso antes de tomar posesión alguna embajada del crimen organizado se les habrá presentado para establecer como se van a “arreglar”. Es vox populi que negarse a las peticiones de la delincuencia es ponerse una diana en la espalda.
El año pasado, el Gabinete de Seguridad nos sorprendió con el Operativo Enjambre, por el cual cayó una decena de funcionarios municipales por estar coludidos con el crimen organizado. Qué bien que se llevó a cabo y que eliminaran a funcionarios corruptos. Pero eso no nos habla de cómo se puede respaldar a los alcaldes que sí quieran ir por el camino de la legalidad.
En 2027 habrá elecciones y los candidatos se escogerán a fin del presente año; estamos hablando de la renovación de 680 presidentes municipales. ¿Cómo hará para protegerlos del crimen organizado?
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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