Pero la corte nada habría ganado si hubiera actuado con apego al derecho. De todos modos las cosas iban a cambiar
Sometida a presiones visibles desde la semana pasada cuando el ministro Luis María Aguilar presentó su dictamen sobre el “concierto de inconstitucionalidad”con el cual el gobierno arropó su propaganda consultiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdió la noción jurídica de las cosas y en retribución (o búsqueda) de favores políticos, entregó en una charola de plata su autonomía e independencia.
Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel; Margarita Ríos-Farjat, Alberto Pérez Dayán, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, empujaron el proyecto del ex presidente de la Corte, Aguilar Morales, por la barranca del dominio del Ejecutivo sobre la Corte, cosa por la cual nadie debe extrañarse (“cherchez les femmes”), Margarita y Yasmín son peones jurídicos del presidente de la República, quien las colocó en la suprema poltrona del pleno judicial.
Ayer le pagaron el favor.
Horas antes de la ignominiosa tarde, el Señor Presidente, en público. Sin tapujos, sin pudor, les había “tirado línea” a ellas y a quienes el saco les entalle:
“…el día de hoy (porque) va a resolver la Suprema Corte la realización o no de la consulta para iniciar procesos de conformidad con la ley contra los ex presidentes de México, es un día muy importante.
“Yo espero que se resuelva bien, esto significa que se respete el espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es la esencia de la democracia.
“…Entonces, que no se le niegue al pueblo su derecho de participación, que se haga valer a plenitud la democracia en el país…”
Pero la corte nada habría ganado si hubiera actuado con apego al derecho. De todos modos las cosas iban a cambiar. El derecho a la participación (así sea para algo inconstitucional) es la suprema invocación del populismo.
Anteayer el Señor Presidente los amenazó de otra manera. Para cambiar el criterio del Tribunal Constitucional es suficiente con cambiar la constitución:
“…Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechaza la consulta popular sobre el juicio contra cinco ex presidentes, yo me deslindo y que el Poder Judicial asuma su responsabilidad, aseveró el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.
“…Anunció que de inmediato presentaría una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional, con el propósito de que no se cancele la democracia participativa, porque ese precepto –que establece el derecho del pueblo a ser consultado– quedaría en letra muerta y sería una simulación…”
Hoy ya no tiene sentido argumentar en contrario. Lo hizo el ministro Aguilar Morales y le resucitaron su pasado neoliberal; su asistencia a una boda y hasta sus asuntos personales.
La Suprema Corte de Justicia ha perdido su importancia en el ya desaparecido equilibrio de los poderes nacionales separados, y ha permitido un paso más (como a la misma hora lo hacía el Legislativo, unas cuantas calles más al oriente del Zócalo), para lograr el sueño genético del presidencialismo caudillista mexicano, de Iturbide a quien usted me diga: el país de un solo hombre.
Hoy ese hombre carece de contrapesos. Su fuerza es tan grande como para ni siquiera necesitar a un esclavo cuya voz le murmure al oído, “memento mori”.
Ayer nos decía al repetir la pregunta sobre el enjuiciamiento:
“…¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes, -¿cuál es la violación de los derechos humanos?-, y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?’
“¿Cuál es la violación?, además lo va a decidir el pueblo y luego el Ministerio Público, y los jueces y el derecho a la defensa, pero decir: ‘Es inconstitucional, no procede’, pues no va a estar bien(y no estuvo).
“Y no quiero que se malinterprete, porque yo soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces ¿nos vamos a conformar con elegir cada tres, cada seis años a las autoridades? ¿y el resto del tiempo, cuando no hay elecciones?, ¿vamos a estar callados, sólo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos, cuando se trata de asuntos trascendentes?”
Minuto a minuto
