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La economía española se encuentra en plena recuperación y el PIB por fin ha recobrado su nivel pre-crisis. Los días en que España se encontraba al borde del colapso por una crisis de liquidez parecen lejanos. Vale la pena recordar que fue apenas hace cinco años que la cuarta economía más grande de la eurozona enfrentaba un reto descomunal para refinanciar cerca de 1.5 billones de euros en medio de una recesión multianual.

Aunque el gobierno español argumentaba fundamentos macroeconómicos sólidos, el refinanciamiento se volvía crítico y el problema de liquidez amenazaba con convertirse en uno de solvencia para el país con el mayor nivel de apalancamiento privado en la OCDE y la tasa de desempleo más alta en el mundo desarrollado.

El desempleo había alcanzado un nuevo máximo histórico de más de 5 millones de personas, equivalente a aproximadamente 25 por ciento de la población en edad de trabajar. La razón de deuda a PIB se incrementó de 69 por ciento en el 2011 a casi 80 por ciento en el 2012 y superó 100 por ciento en el 2014, muy por arriba del objetivo de 60 por ciento fijado por la Unión Europea.

El sector inmobiliario español estaba en una franca depresión que arrastró al sistema financiero donde la concentración en bienes raíces es de las más altas del mundo.

Esta situación había convertido a España en uno de los países más dependientes del financiamiento externo que en ese momento se había secado. El Banco Central Europeo (BCE) actuó de manera decisiva como proveedor de liquidez de última instancia y permitió que España y otros países accedieran a financiamiento en condiciones favorables. Este movimiento fue clave para que España pudiera iniciar un programa de ajuste económico que se ha convertido en una historia que muchos consideran un éxito.

Para poder acceder al programa de liquidez del BCE, España se vio forzada a implementar una serie de reformas estructurales que en un inicio fueron una medicina muy amarga, pero necesaria. Las reformas se enfocaron en el mercado laboral y el sector financiero.

La reforma laboral logró flexibilizar lo que el Banco Mundial consideró era el marco laboral más rígido de Europa, contribuyendo a disminuir los costos laborales y combatir el desempleo. Por otro lado, las reformas al sector financiero lograron el rescate y recapitalización de la banca y el establecimiento de mecanismos más claros y organizados para manejar la quiebra de instituciones financieras. Adicionalmente, se establecieron reglas de capitalización más estrictas.

La economía española se ha beneficiado de un euro barato que contribuyó a reactivar al sector exportador y renovar el brillo del sector turístico. La reforma al sector financiero contribuyó a que el crédito del sector privado comenzara a crecer nuevamente. La expansión de crédito, aunada a la fuerte disminución en el desempleo, contribuyeron a reactivar el consumo doméstico.

Después de contraerse a un ritmo promedio de casi 2 por ciento, el PIB en España creció 1.4 por ciento en el 2014, 3.2 por ciento en el 2015 y el 2016 y para el 2017 se anticipa un crecimiento de 2.7 por ciento. Asimismo, el déficit público como porcentaje del PIB disminuyó de un máximo de 10.5 por ciento en el 2012 a 4.6 por ciento en el 2016 y se espera que alcance 3.4 por ciento este año. Sin embargo, España sigue enfrentando retos importantes.

El desempleo se ha reducido gradualmente desde un máximo de 25 por ciento, pero el nivel actual de aproximadamente 18 por ciento es el doble del resto de la eurozona y aún está por arriba de los niveles precrisis. La productividad laboral no ha crecido y los índices de bienestar evidencian un incremento en los niveles de pobreza y desigualdad. No obstante, esta historia podría haber tenido un desenlace catastrófico si no es por el BCE y la implementación de reformas estructurales en España.

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