La otra agenda legislativa

Sin estar en la primera fila de los corralitos de Palacio Nacional o tener a cargo la coordinación de su bancada, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar enarbola la agenda reformista más armónica con el claudismo.

El legislador zacatecano, apenas con unos días de diferencia, hará patente esa cercanía. Primero, con una iniciativa para eliminar el fuero para diputados y senadores (planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo). Y paralelamente, con dos propuesta de gran calado: derogar Ley de Asociaciones Público-Privadas para dar paso a una Ley General de Infraestructura para el Bienestar.

Los megaproyectos del sexenio claudista están concentrados en servicios básicos con rezago, como agua potable, drenaje y salud; pero el nuevo marco normativo propuesto por Ramírez Cuéllar velaría por una “participación regulada” del sector privado, de acuerdo con la exposición que hizo el pasado fin de semana durante una gira por la península bajacaliforniana.

Al analizar el modelo vigente, Ramírez Cuéllar señaló que “las APP trasladan todos los riesgos al sector público, mientras que las ganancias para los privados son desorbitantes”. El nuevo esquema –planteó—generaría inversiones conjuntas bajo reglas claras, transparencia y criterios de impacto social.

En el presupuesto 2026 están proyectados 1.2 billones de pesos a inversión física, una cifra todavía lejana a la meta presidencial del 30% del PIB para ese rubro. “Por dinero no sufrimos; lo que necesitamos es orden y responsabilidad. Existen fondos y fideicomisos suficientes, pero deben emplearse con reglas que garanticen beneficio social y no privilegios privados”, afirmó Ramírez Cuéllar, quien desde que arrancó el sexenio ha pugnado por la instalación del Consejo Nacional de Infraestructura y del Fondo para la Infraestructura del Bienestar.

El rescate de los recursos hídricos también es una prioridad en la agenda. La Conagua ha recuperado 4,000 millones de metros cúbicos de agua para el consumo humano y 3,000 millones de pesos adicionales en el pago de derechos por aprovechamiento, transporte, tratamiento y descarga de agua, con la revisión de los títulos de concesión.

Estas acciones se verán reforzadas con la aprobación de dos instrumentos básicos para que el agua deje de ser el negocio de unos cuantos y sea el derecho de todos los mexicanos: la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la Ley General de Aguas, que contempla un Fondo Nacional del Agua enfocado en tecnificación, reúso y restauración de ríos.

A través de un nuevo entramado legal, el gobierno mexicano traza un nuevo rumbo para las actividades productivas. Ayer 6 de octubre, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el Pleno deliberará sobre la iniciativa remitida por la Ejecutiva federal hace cuatro semanas para reformar la Ley Aduanera, misma que enfrenta cuestionamientos de ese sector pues privilegia la seguridad y la recaudación a costa del dinamismo del comercio exterior, con la imposición de nuevos procesos, verificaciones adicionales y aranceles de hasta 50 % para ciertos bienes.

Apenas el pasado viernes 3, apareció el nuevo reglamento de la Ley de Planeación y Transición Energética en el Diario Oficial de la Federación que sumado a la nueva Ley del Sector Eléctrico habilitan un nuevo paradigma para el desarrollo energético de México.

Se trata de los planes de desarrollo y expansión del sector eléctrico, que suman el almacenamiento a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía. Su operación podrá ser por particulares autorizados, bajo esquemas regulados por la CNE y la Secretaría de Energía.

De acuerdo con la LSE, el almacenamiento se considera una actividad eléctrica regulada, esencial para garantizar la continuidad y calidad del suministro, y su desarrollo puede realizarse mediante proyectos públicos o privados, bajo supervisión de la SENER y la Comisión Nacional de Energía.