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Han pasado 30 minutos después de la hora pactada y en la terraza del hotel Fiesta Americana hay más integrantes de la dirigencia nacional del PRD que periodistas. Arturo Prida Romero, presidente del Consejo Nacional, está entre los pocos puntuales y el vocero del colectivo que ahora conduce a la organización, Ángel Ávila, llega apenas a tiempo para recibir al coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Miguel Ángel Mancera.

“No vamos a hacer esta conferencia con horario PRD”, decreta Ávila. El líder parlamentario debe desahogar una intensa agenda y en la hora crítica del partido —al que todavía no se afilia— será un testigo fugaz de la oficialización del plan para transformar al sol azteca en una nueva formación política. Progresista. Democrática. Pero sobre todo, antilopezobradorista.

A dos años de las elecciones federales, el perredismo ha optado por dejar en líderes como Mancera y otros representantes de sectores sociales, académicos y empresariales, su destino electoral. El tsunami electoral del 2018 llevó al otrora principal partido de izquierda en México a la chiquillada (obtuvo 5.2% de la votación nacional y se convirtió en la cuarta fuerza política en el espectro partidista).

En el 2021 —de acuerdo con el planteamiento formulado ayer por Ávila a nombre de la Directiva Nacional— el registro partidista quedaría a disposición de los ciudadanos, para que éstos decidan a los 500 candidatos a diputados y a los abanderados en las 14 elecciones concurrentes a la federal que tendrán lugar a la mitad del sexenio lopezobradorista.

El PRD alcanzaría a cumplir su trigésimo aniversario —el próximo 5 de mayo— e inmediatamente después comenzaría la articulación de un “diálogo entre iguales, donde se privilegie el consenso, se asuma de inicio la pluralidad e inclusión y se tomen las decisiones con las reglas que nos demos, sin mayorías predeterminadas”, para construir unidad opositora que frene la restauración autoritaria implementada por AMLO desde hace cinco meses.

Los herederos del registro concedido por las autoridades al Partido Comunista, hace cuatro décadas, hacen un llamado urgente a conversar sobre la pertinencia de construir un nuevo proyecto político que tiene como destinatarios aquellos liderazgos, fuerzas políticas y partidos democráticos que tengan la misma preocupación. En medio, un centenar de Agrupaciones Políticas y Asociaciones Civiles interesados en constituirse como partidos políticos.

“No habría vetos, habría excepciones”, resume Fernando Belaunzarán, tras de que Ávila rechazara que la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, pudiera tener cabida en la nueva iniciativa.

¿Y la refundación del PRD prometida después del descalabro electoral del 2018? ¿Y la reafiliación en curso? ¿Y la integración de los nuevos órganos directivos? El título noveno de la Ley General de Partidos Políticos actualmente en vigor, establece las modalidades que podrían adoptar los perredistas en esta mutación.

El frente —de acuerdo con ese ordenamiento normativo— es una figura que podrían articular los partidos para “alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral”. Para intervenir en comicios federales y locales, podrían formar coaliciones y postular candidatos comunes. Dos o más partidos podrían fusionarse para constituir un nuevo partido (y suscribir un convenio) o para incorporarse en uno de ellos, tras de definir cuál de ellos conservaría la personalidad jurídica y la vigencia de su registro.

¿Fusión o disolución? La “plana mayor” del PRD (Ávila dixit) no descarta ningún escenario. Y parte de la premisa de que la única forma de acabar con el corrientismo dentro del partido, es ciudadanizarlo.

Extintas las tribus, por mandado del último Congreso Extraordinario, y sin presidente del CEN, tras de la renuncia de Manuel Granados, el PRD languidece desde hace nueve meses. Con adeudos que se remontan a tres lustros —cuando Rosario Robles recurrió a empréstitos gestionados por el empresario Carlos Ahumada y concedidos por Banca Afirme—, la dirección colegiada decidió ofrecer en venta la sede nacional del partido para tratar de alivianar sus precarias finanzas.

La debilidad de sus grupos parlamentarios se vio acentuada al iniciar el año, tras de la dimisión de una decena de sus diputados federales, encabezado por Mauricio Toledo y Héctor Serrano, quienes se incorporaron a las filas de Morena. Y en ciernes está la renuncia de Juan Hugo de la Rosa y Juan Zepeda, dos de los principales líderes de Alternativa Democrática Nacional, la agrupación que junto con Nueva Izquierda dio gobernabilidad al partido del sol azteca durante los últimos dos trienios.

EFECTOS SECUNDARIOS

CAMBALACHE. Quien se subió a dejar pasar la ola de perdón ofrecida por el nuevo gobierno federal es el extesorero del gobierno de Veracruz, Tarek Abdalá, tan es así que dio todos los pormenores de la participación de Mónica Macías, cuñada del exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, en la red de desvío de recursos públicos orquestada por el exmandatario. La información brindada fue muy valorada por la Fiscalía General de la República y mientras emitían la orden de aprehensión en contra de la cuñada del exmandatario, también le concedían un “criterio de oportunidad” a Abadalá. La FGR también procederá contra el exgobernador panista de la entidad del Golfo, Miguel Ángel Yunes Linares, por presunto peculado.

RESCATADOS. Los Pericos de Puebla se mantuvieron en la Liga Mexicana de Beisbol gracias al patrocinio de Mota-Engil México y Fénix, el proyecto eléctrico en el que participan los trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza, encabezados por Martín Esparza. La nueva directiva de la novena verde está encabezada por José Miguel Bejos.