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Al empezar este gobierno en 2018, recuerda Carlos Urzúa, la inversión en México era 22.4 por ciento del producto interno bruto; 3.3 por ciento venía del gobierno, el 19.1, de la inversión privada, nacional y extranjera.

Creer que había dinero público suficiente para su proyecto de cambio hizo pensar al nuevo gobierno que podía redefinir las reglas de la economía con su propia inversión.

A Urzúa le gustaba decir: “Nuestra inversión va a ser buena. Nuestra inversión pública va a ser de mucha calidad”. En sus cálculos la inversión total del país subiría de 22.4 a 25 por ciento del PIB.“¿Qué es lo que pasó ya para 2019?”, pregunta Urzúa. “Que en lugar de 22.9 por ciento de PIB, acabó siendo 20.2. ¿Por qué? Porque la inversión pública cayó, porque ya no hay dinero; y porque la inversión privada también cayó. . . por una falta de confianza, me parece a mí, en el gobierno federal”.

Deduzco de sus palabras que el gobierno no buscó persuadir a la inversión privada porque creía tener suficientes recursos públicos y suficiente poder político para cambiar las reglas generales de la inversión. El año 2019 demostró que eso no era así.

En 2020, con la depresión en marcha del coronavirus, el cuadro es más grave: la inversión privada y la pública han caído dramáticamente, pero el gobierno persiste en sus lemas de campaña: ni subir impuestos ni contraer más deuda. Es decir, que no habrá ni inversión privada ni recursos públicos para mitigar la depresión. Será una depresión montada a pelo.

El gobierno entendió la actual cascada de quiebra de empresas y pérdida de empleos como una repetición de la crisis bancaria de 1995, que dio lugar al Fobaproa. Cosas muy distintas, dice Urzúa:

“Una cosa es que venga a pedirte el sector financiero que lo rescates y otra cosa es que venga el sector real a decirte: ‘Ayúdame a que no tenga que despedir a tanta gente’. Es muy riesgoso dejar caer al sector real”.

Es el riesgo que estalla cada día en nuestro país: la destrucción de la economía real.