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Es una ecuación que México aprenderá para muchos años: no hay populismo exitoso sin elecciones ni consultas para todo… y durante todo el tiempo. Por eso va la reelección de Jaime Bonilla como gobernador en Baja California. Porque se eso se trata todo este sainete: de la reelección.

Es el ensayo de la hoja de ruta de la 4T para cuestiones electorales:

1.- El Congreso local brinca la ley al ampliar, de dos a cinco años, su periodo de gobierno.

2.- La oposición interpone una controversia constitucional.

3.- El gobernador hace una consulta para que “el pueblo” decida.

4.- Gana la consulta.

5.-El Congreso local publica el resultado.

6.-La Corte aprueba el resultado.

En este caso serían seis pasos. En los otros, más o menos pasos, pero el resultado será similar. Sin embargo, la importancia histórica de la Ley Bonilla es que habría desbrozado el camino para quitar a la democracia mexicana el pretendido sello del sufragio efectivo, no reelección.

Así, con seis sencillos pasos, quedaría aplastado, cual cascara de huevo, el lema de la de la campaña de Francisco I. Madero en 1910: de manera muy tersa, sin mayor contratiempo ni escándalo entre la mayoría, y sólo el grito en el cielo de una minoría.

Una minoría que condenó la consulta de ayer en Baja California por creerla manipulada y carente de toda base constitucional o legal, por incluir preguntas maquinadas que indujeron el sentido del voto y porque significaba un atropello a la democracia.

Quedaría enterrado, pues, algo por lo que dieron vida y hacienda tantos mexicanos buenos a lo largo de poco más de un siglo. Es cierto que la Suprema Corte tiene la última palabra para validar o no la Ley Bonilla, aunque todo indica que ese paso será de puro trámite a favor.

El ministro que podía haber decidido la votación en contra renunció a su puesto en el máximo órgano judicial, tribunal constitucional y cabeza del Poder Judicial Federal. Además, el sentido de la votación que vendrá se vislumbró en el mes de julio.

Recordemos que, en ese mes, la Corte desechó las dos controversias constitucionales promovidas por los municipios de Tijuana y Mexicali para impugnar la Ley Bonilla, con el voto de los ministros Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara, de reciente ingreso a propuesta del presidente.

Como miembros de la Comisión de Receso (los nueve ministros restantes estaban de vacaciones), adelantaron cómo resolverá la Corte en este asunto, pues ni aguardaron hasta el retorno de sus colegas, o hasta la publicación de la reforma constitucional en la gaceta oficial del estado de Baja California.

No esperaron porque la 4T tiene una carrera contra el tiempo:

Va que vuela.