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Hace un par de semanas la Casa Blanca cumplió con una de sus principales promesas de campaña, enviando la notificación oficial al Congreso de su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta notificación inicia un periodo de 90 días después del cual comenzarán formalmente las negociaciones entre los tres países.

La intención de la administración Trump era comenzar este proceso dentro de los primeros 100 días de gobierno; sin embargo, el retraso en la aprobación de la nominación, por parte del Congreso, de Robert Lighthizer como representante comercial de Estados Unidos, había impedido el inicio formal del proceso. Aunque en la práctica la negociación será encabezada por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, la facultad legal de la renegociación reside en el puesto del representante comercial.

No obstante, la retórica de campaña y los constantes tuits del presidente Trump siguen empujando un discurso en contra de los terribles acuerdos comerciales de Estados Unidos y la gran destrucción de empleo generada por éstos, las acciones concretas implementadas hasta ahora por la administración han tomado un enfoque mucho más práctico y moderado.

Las órdenes ejecutivas enfocadas en buscar un comercio más justo, firmadas hace casi dos meses con gran bombo y platillo, no incluyeron nada realmente preocupante en términos de restringir el comercio internacional. El contenido de la carta enviada al Congreso por Robert Lighthizer para iniciar la renegociación del TLCAN no anticipa, en ningún sentido, el inicio de una guerra comercial. El mismo Wilbur Ross, en su comparecencia de enero en el Congreso, había anticipado que no buscaba una guerra comercial y que históricamente la implementación de medidas proteccionistas había sido contraproducente; también había dejado la puerta abierta para utilizar barreras comerciales como una herramienta de negociación.

La notificación enviada al Congreso está enfocada principalmente en mejorar ciertos aspectos del TLCAN, como lo que atañe a derechos de propiedad intelectual, relaciones con empresas estatales, procesos aduanales, derechos laborales, protección ambiental y salubridad. Asimismo, la misiva habla de adaptar el TLCAN para incluir rubros nuevos, entre ellos, el comercio digital y el sector energético, así como mejorar los mecanismos de resolución de controversias y arbitraje.

Curiosamente, los expertos en comercio consideran que muchos de estos temas se habían abordado ya en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), del cual la administración Trump decidió retirar a Estados Unidos. Aunque la notificación enviada al Congreso potencialmente incluye una gran cantidad de cambios, ninguno parece ser fundamental. En el fondo lo que se plantea es una visión conciliadora para fortalecer el tratado, lejos de la amenaza de destruirlo.

Claramente, el cabildeo de empresarios, legisladores y gobernadores de estados donde el TLCAN ha tenido un impacto muy positivo, como aquellos con actividades agrícolas y estados con un alto grado de integración comercial, ha ganado fuerza frente a los miembros más incendiarios de la administración Trump.

Si bien la perspectiva de la negociación es mucho más favorable que hace algunos meses, es importante recalcar que ante los constantes reveses que ha tenido la agenda de la Presidencia de Trump siempre existirá la tentación de dar un golpe de autoridad desesperado para buscar complacer a aquellos electores desilusionados que votaron por él. Esperemos que el retiro del TLCAN o la implementación de medidas proteccionistas no sean el medio.

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