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Todo parecía poco a poco ir encaminándose a un desenlace favorable para las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

Los aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México y Canadá, impuestos unilateralmente por Estados Unidos, finalmente se habían eliminado y los tres países entraban en la recta final para la aprobación del nuevo TLCAN, después de un largo periodo de incertidumbre que amenazaba a la íntima integración de las cadenas comerciales entre los tres países, construida durante las últimas dos décadas y media.

El inminente desenlace favorable parecía también una consecuencia del creciente clima de confrontación entre China y Estados Unidos y la renovada posibilidad de una larga y dura guerra comercial entre ambos países.

En este entorno, parecía que Estados Unidos estaba dispuesto a concentrarse en su batalla con China y al mismo tiempo mandar señales de tranquilidad en otros frentes comerciales, como lo hizo con la Unión Europea, al posponer posibles aranceles a las importaciones de autos por un periodo de seis meses.

Es por esto que el anuncio de la Casa Blanca con la amenaza de aplicar aranceles a la totalidad de las importaciones mexicanas como medida de presión para que México actúe como la policía migratoria de Estados Unidos, se daría bajo la facultad que tiene el Ejecutivo de aplicar cuotas y/o tarifas para proteger la seguridad nacional, argumento sumamente cuestionable y que se contrapone a las facultades del Senado para supervisar las arenas de política exterior y comercial.

La decisión, que no es del todo sorprendente tomando en cuenta el personal estilo de negociación del presidente de Estados Unidos, refleja también su frustración ante la falta de avances para obtener fondos para su muro fronterizo y lo que será la temática antimigratoria de su campaña de reelección en la contienda presidencial del 2020.

La decisión también revela un profundo desconocimiento del funcionamiento básico del comercio internacional y conceptos básicos de economía. La decisión también manda una pésima señal a todos los socios comerciales de Estados Unidos, ya que le resta una enorme credibilidad a nuestro vecino del norte como contraparte confiable en cualquier negociación. ¿De qué sirve llegar a acuerdos comerciales después de largas, desgastantes y en muchas ocasiones frustrantes negociaciones si de un plumazo se puede ignorar todo lo acordado?

Aun cuando México todavía puede evitar la imposición de estos aranceles apaciguando a Trump, nuestro país debe tener un plan B para responder a este abuso. Recurrir a mecanismos establecidos bajo la OMC y el TLCAN para disputar la decisión de la Casa Blanca es necesario pero inefectivo. México debe implementar medidas compensatorias de inmediato a bienes estratégicamente escogidos.

Estos bienes son aquellos que se producen en distritos donde los congresistas tienen poder de cabildeo, buscando generar mayor presión en el Congreso para evitar que Trump siga escalando sus amenazas. De no lograr un acuerdo en los próximos días, la imposición de aranceles acabará por exacerbar la desaceleración observada en nuestro país en el primer trimestre del año, sumiendo a México en una recesión por primera vez desde el 2009.

Aunque México sería el principal damnificado de la implementación de aranceles, la economía estadounidense también sufriría la disrupción de las cadenas productivas integradas a México y el comportamiento de los mercados revela la creciente percepción de que este tipo de decisiones también llevará a una desaceleración en Estados Unidos.

Si bien hay voces dentro del equipo económico de Trump y el Partido Republicano que han abogado en contra de la aplicación de tarifas, el presidente se ha obstinado en usar una estrategia de confrontación. La esperanza está en que los legisladores republicanos, los empresarios y los mercados hagan ver la realidad a esta administración. Sin embargo, las cosas podrían ponerse peor por un buen rato antes de mejorar.

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