Con argumentos caprichosos, en pos de su innecesaria ratificación, el presidente López Obrador dice que los opositores a la consulta de una ilusoria revocación son “los conservadores, que no quieren la democracia”.

El sofisma es evidente: su cargo se decidió en un ejercicio democrático incontrovertible para que gobierne seis, no tres años, y no se ha dado ninguna exigencia “ciudadana” legal para que se vaya.

La votación que alienta, en el mejor de los casos, es un sondeo de opinión que, en la improbabilidad de resultarle adverso (y en consecuencia dejar la Presidencia), no solo contradiría la máxima ley, sino traicionaría el compromiso constitucional que protestó cumplir y hacer cumplir.

Prevista para el último domingo de marzo, la votación que se dé en las urnas (el INE gastará 3 mil 700 millones de pesos y habrá 161 mil 490 casillas instaladas) es un contrasentido por donde se le vea: en vez de ser una iniciativa popular, López Obrador ha sido el más interesado, seguido por la incondicional nomenklatura de su partido.

El sábado reciente, al acordar la regularización de los autos chocolate, sostuvo que “los conservadores ahora no quieren la democracia por lo mismo, porque traen esa tradición de que la política corresponde o es nada más un asunto de las minorías, no del pueblo.

Por eso se están ahora oponiendo a que se lleve a cabo esta consulta. Yo invito a todo el pueblo a que participe, a que vayan (sic) a votar a favor o en contra, pero que todos participemos para dejar establecida la democracia como forma de vida, establecer el hábito democrático en nuestro país…”. Un día antes, en su conferencia de Palacio Nacional, dejó ver su desconfianza en que la consulta motive al mínimo de votantes requeridos: 36 millones 671 mil (al corte del 8 de octubre, el padrón electoral sumaba 91 millones 785 mil 491 personas): “Es importante aclarar este proceso. Si la gente dice ‘No queremos que continúe el Presidente’, me voy sin ningún problema.

Es más, aunque no se llegue a 40 por ciento para que tenga efectos vinculatorios, de acuerdo con la ley –que ojalá y eso lo cambiemos después, para reducir el porcentaje–. Tiene que participar 40 por ciento de los ciudadanos, porque si participa 39 por ciento, ya no tiene carácter vinculatorio, es decir, ya no es legal…”. Supone “increíble, surrealista, que los conservadores no quieran la consulta”. Temen al pueblo “porque su voz es la voz de Dios y de la historia, y van a salir que el paso siguiente es: ‘no participamos y llamamos a no votar, que nadie participe’, porque creen que los ciudadanos son borregos y van a decir beee, beee…”.

Ciertamente, tan improbable se antoja que participen esos casi 40 millones de electores como que se recaben las poco menos de 3 millones de firmas para que se realice la consulta. Por eso mismo, en el colmo del absurdo, los morenistas se aprestan a la pepena de “pueblo” dizque para una revocación, aunque lo que buscan, mañosos, es una inútil ratificación del mandato.