La Cámara de Diputados no asignó recursos suficientes para la consulta que, de cumplirse los requisitos establecidos en la ley, habrá de organizar el INE sobre la revocación de mandato. Represalia, sentido de austeridad o lo que sea, la realidad es que no hay recursos. El presidente ha sugerido una salida al dilema. La realidad es que los fideicomisos del organismo, no están disponibles porque tienen destino legalmente predeterminado.

El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova ha dicho que el INE cumplirá en la medida de sus posibilidades. Cierto es que, al no darse un incremento de lo asignado, la consulta no cumpliría con lo originariamente planteado, particularmente respecto al número de centros de votación.

La degradación en la ejecución de este derecho constitucional va a contrapelo del propósito político del Presidente. Por eso no se entiende la determinación de la mayoría legislativa. Menos casillas, además de ser contrario a lo que establece la ley, significa que los ciudadanos tengan que hacer mayores traslados.

De hecho, en un ejercicio como el que se propone, la mayor dificultad se centra en la concurrencia de los ciudadanos a las urnas. Morena debería entender que, si impera el abstencionismo, se afectará un proceso que previsiblemente favorece la continuidad del Presidente López Obrador en el ejercicio de su responsabilidad.

Se ha señalado que el propósito de la mayoría en la Cámara no es imponer la austeridad al INE, sino más bien dificultar su desempeño y, de esta manera, poner en entredicho su capacidad y determinación para cumplir con sus responsabilidades y eventualmente, justificar una embestida jurídica en contra de los integrantes del Consejo General.

Es importante que el INE proceda a presentar su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a manera de que el máximo tribunal revise y ordene a la Cámara de Diputados asignar el presupuesto para organizar el revocatorio con todos los elementos necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a decidir.

El INE, con o sin recursos, tiene la obligación de cumplir con la tarea de organizar la revocación de mandato. ¿O estamos frente al caso de que ante lo imposible nadie está obligado?