Empoderada, la CNTE ha dejado atrás su alianza electoral con Morena para retomar el camino de sus propios intereses
La CNTE ha vuelto a emprender acciones de protesta con impactos que trascienden el ámbito educativo. El sabotaje a las vías férreas, con costos multimillonarios en las cadenas productivas, se da a escasos dos meses del inicio del gobierno del presidente López Obrador. Empoderada, la CNTE ha dejado atrás su alianza electoral con Morena para retomar el camino de sus propios intereses.
Ante ello, de inmediato resurgieron las voces —como las de los líderes empresariales— que reclaman el uso de la “fuerza legítima del Estado”. Argumentan que el nuevo gobierno tiene la legitimidad necesaria y apuntan al compromiso reiterado del Presidente de actuar, siempre y sin distingos, con estricto apego a la ley.
En sexenios anteriores la CNTE aprovechó la muy limitada capacidad de los gobiernos para legitimar el uso de la fuerza pública, una coyuntura que viene desde el 68. Además, aunque la coordinadora es repudiada por algunos sectores de la población, entre los grupos de izquierda siempre ha concitado intensas simpatías. En esas circunstancias la negociación parecía ser el único cálculo correcto frente a la CNTE.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador cambia parte de la ecuación: el Presidente tiene autoridad y la izquierda está en el poder. Pero, aun así, la lógica sigue operando contra el uso de la fuerza pública, si es que esa ruta fuese considerada como opción. Por legítimo que sea, no hay gobierno que quiera aventurarse así con una organización de masas que, además de ser la más numerosa y poderosa en el país, es capaz de poner de cabeza a los estados del sur e incluso a la capital.
Al final, es una cuestión de poder duro y crudo. Ningún presidente querría jugar a las vencidas si el balance de fuerzas no le es claramente favorable, mucho menos si llegó al poder denunciando la represión de sus antecesores y su instinto natural lo aleja de esa salida.
La aplicación de la ley es una exigencia genuina. Y este gobierno no solo se ha comprometido a ello, sino que cuenta con gran legitimidad para hacerlo. Con todo, esperar que salte a ordenar el uso de las fuerzas de seguridad para replegar a la CNTE y desbloquear las vías es tanto como apostarle a lo imposible.
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