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La imagen refleja el estado actual de la Ciudad de México y de muchas partes del país. Por las calles del centro histórico avanza un grupo de sujetos embozados destruyendo todo lo que se encuentran a su paso.

Afectan lo mismo propiedad pública que privada, lastiman ciudadanos y no hay una sola autoridad que se atreva a ponerles un alto ante la flagrancia de sus delitos.

Lo que sí hay es un improvisado grupo de comerciantes de esa zona de la ciudad que con palos y piedras sale a hacer frente a esos anarquistas. Pero estos destructores son cobardes y simplemente huyen de los ciudadanos que buscan defenderse para mejor destruir algo más.

No puede ser más que temor a perder popularidad entre los electores por aplicar la ley o bien complicidad del gobierno de Claudia Sheinbaum con los grupos afines que siempre están ahí en las causas de “la izquierda”.

Pueden propinar una paliza a quien sea que se cruce en su camino, pueden prender fuego a una librería o destruir un auto. Saben que aunque haya policías cerca de ellos, nada van a hacer para frenarlos. Sólo si llega a trascender su acto violento, como el artero golpe a un reportero que transmitía en vivo una manifestación, entonces se hará algo para tapar el ojo al macho.

Pero al mismo tiempo, ese mismo gobierno se pone muy estricto con los burgueses automovilistas que cometan la infracción de ir a exceso de velocidad frente a una cámara de control vial. Populistas como son, le llamarán a este control “fotocívica” y obligarán al infractor reincidente a realizar trabajos forzosos si es que quiere volver a manejar en la ciudad. Además, harán reportajes de televisión para mostrar cómo los ciudadanos son obligados a despegar chicles de las banquetas.

Esos dos raceros generan una enorme desconfianza entre amplios sectores de la sociedad, que más allá de enfrentar a un gobierno estricto con los fifís que tienen coche, saben que pueden ser víctimas de los luchadores sociales que en el nombre de las mejores causas del pueblo pueden cerrar una calle o sorrajar un batazo en la cabeza sin ninguna consecuencia legal.

Esa aplicación selectiva de las leyes genera ansiedad. Y las patentes de corzo a los violentos acaban por afectar el desempeño económico individual y de la ciudad.

Pero éste es un ejemplo que permea desde el gobierno federal. Grupos criminales a los que no se les combate, porque esto no es una guerra, y a los que simplemente se les hace un llamado a portarse bien.

O aquellos funcionarios de la 4T con claras sospechas de corrupción que son arropados de manera descarada.

Y de otro lado, en el nombre del necesario combate a la evasión fiscal, la oficina legislativa del gobierno federal aprobó leyes más severas que amenazan a cualquier contribuyente que se equivoque de ser equiparado con la delincuencia organizada.

Hay dobles raceros de los gobiernos para relacionarse con la sociedad. Y esto desalienta la toma de decisiones económicas.