No hay cabida para interpretaciones, porque la Constitución deformada mandata respetar la literalidad de la reforma
Divorcio y puntos de vista divergentes entre los dos grupos en que está dividido el Consejo de la Judicatura Federal sobre cómo y con quiénes se conformará el diez por ciento, aproximadamente, de la mitad del nuevo Poder Judicial Federal, nacido de la “elección popular” del 1 de junio pasado, podrían quedar resueltos en su sesión prevista para hoy.
Se decidirá si en el proceso se respetan o no los nuevos postulados constitucionales.
Paradójicamente, quienes pretenden apartarse de lo que dicta la Carta Magna son los consejeros afines al oficialismo: Bernardo Bátiz, Sergio Molina, Celia Maya y Alfonso Montalvo (quien pasó a jubilación).
Sus oponentes, quienes quieren ajustar su voto a la Constitución, son la ministra presidenta del Consejo, Norma Lucía Piña, así como Eva Verónica de Gyvés y Lilia Mónica López Benítez, quien disertó este lunes en El Asalto… de MILENIO Tv sobre una de las funestas consecuencias de la farsa tombolera y los acordeones.
López Benítez detalló la ríspida sesión de casi ocho horas que dejó en vilo el futuro de una buena parte de juzgados y magistraturas.
Como base del proyecto destructivo del Poder Judicial, con la tómbola se echó a la calle a la mitad de la Judicatura en dos etapas: 2025 y 2027, para dar entrada a los nuevos integrantes con la fraudulenta “elección judicial”.
Jueces y magistrados en funciones podían optar por participar en los comicios. Si decidían rehusar o perdían la elección, su separación sería inminente (igual debiera pasar con quienes terminan en 2027).
Pues ocurre que 94 de estos jueces y magistrados decidieron retirarse antes de 2027 para no legitimar la farsa.
De quienes no se prestaron al embuste, pero sobre todo de quienes perdieron, se ignora cuántos solicitaron permanecer en el cargo hasta 2027 ocupando esas 94 plazas convertidas en la manzana de la discordia.
Sin cumplir los procedimientos y cánones legales de adscripción, pero señaladamente violando la Constitución, los cuatroteros intentaron mantener en funciones a 87 juzgadores, pretendiendo adscribir a plazas vacantes a jueces y magistrados corridos por la reforma judicial.
La Constitución, deformada por los oficialistas, señala que los insaculados el 12 de octubre de 2024 y quienes perdieron en la elección deben ser sustituidos por los electos el 1 de junio, sin contemplar otro destino para ellos.
No hay cabida para interpretaciones, porque la Constitución deformada mandata respetar la literalidad de la reforma.
Más allá del fraude a la Constitución, alarma que los eventuales consejeros violadores, bajo criterios oscuros, hayan dejado de considerar en su lista al resto de los 150 solicitantes de permanencia.
¿Por qué escogieron a esos 87?
La discrecionalidad es evidente y no se acata la Constitución.
El pretexto aducido con la vil “razón” de que los juzgadores actuales “eran inútiles y corruptos” es demencial, sobre todo si fuera creíble que lo que pretenden es que el engendro reformista garantice una mejor impartición de justicia…
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