Javier “N”

Basado en el cambio registrado en el sistema penal acusatorio, el señor que gobernó el estado de Veracruz del primero de diciembre del 2010 al 12 de octubre del 2016, acusado y detenido para que se le juzgue por la comisión de siete delitos, dos federales: lavado de dinero y delincuencia organizada, y cinco del fuero común -ninguno de ellos grave por lo que no merecen prisión preventiva de oficio- y que son: peculado, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, incumplimiento del deber y abuso de autoridad; pidió que sus datos personales se reservaran y sólo se le identifique como Javier “N”, para no ser objeto de juicio mediático y que se proteja su derecho a la presunción de inocencia. (Inocencia, audiencia, complacencia, pestilencia).

Esta columna, no sin advertir que los cambios realizados al sistema de justicia penal mexicano son dignos de Finlandia o Noruega y no de un país región cuatro como es el nuestro, acata el deseo del presunto delincuente y por temor a ser acusado de faltar a los derechos humanos de un supuesto culpable, durante la duración del juicio y con el objeto de no hacerle pasar un mal rato al hipotético infractor, sugiere usar un apodo para identificarlo.

Ya está el de Javidú -sospecho que es creación de Jairo Calixto Albarrán porque tiene su estilo-, sin embargo, quiero ser original. Luego de hacer algunas investigaciones me entero de que en las oficinas burocráticas del estado de Veracruz durante el tiempo que gobernó el aludido decían que era obligatorio poner en las paredes una fotografía del gobernador de “puerco” entero. La referencia me lleva a decirle “Porky”. Sin embargo, la figura y el nombre Porky pertenecen a la Warner Bros, compañía gringa que puede cobrarme derechos por el uso del nombre y hasta demandarme por comparar al cerdito tartamudo con el corpulento presunto ojete de voz aflautada.

Un amigo nacido en el puerto -iba yo a escribir puerco- de Veracruz que es bueno para poner apodos me sugiere decirle “La Marrana”, “El Tonel”, “El Luchador de Sumo”, “El Gordinflón”, “El Rotoplas”, ”La Ballena”, “El Tortura básculas” “El que barre… El que va-re-ventar su panza”, “El Bigmac”. Todos los apodos sugeridos recaen sobre la gordura del presunto al que para no hacerle bullying mejor le diremos Javier “N” y vayamos a su caso –con “S” porque si fuera cazo con “Z” sería de carnitas.

Fue el pasado lunes en cuanto el imputado regresó de Guatemala cuando se efectuó la diligencia judicial que duró más de cinco horas -el inculpado pidió hacer un corte para comer-. Al parecer Javier “N” tiene muy buena suerte o goza de la protección de alguien en las alturas -y no me refiero a Dios-. Para empezar, Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Álvarez y Pedro Guevara Pérez, fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR), no contaron con la información precisa para aclarar cómo obtuvieron las pruebas y cómo se vincula al exgobernador de Veracruz en cada una de las operaciones que forman parte de la carpeta de investigación. Además, por esas cosas que sólo pasan en nuestro país, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no mandó ningún representante para apoyar la acusación sobre el lavado del dinero.

Así las cosas, Javier “N” y sus abogados exhibieron la falta de conocimientos de los tres agentes del Ministerio Público que en nueve meses -el señor “N” se fugó en octubre- no pudieron armar correctamente el caso. Bastaron 20 preguntas que hicieran los abogados y el presunto para demostrar que los enviados de la PGR no estaban preparados para manejar los números, las cifras, los datos en los que se basa la acusación de lavado de dinero y operaciones con recursos públicos por 438 millones de pesos.

El mismo juez Gerardo Moreno García llamó la atención de los agentes del Ministerio Público, a quienes les hizo ver que los números no cuadraban. Por el desconocimiento del caso y la falta de preparación -por omisión o por comisión- los fiscales señalados sólo pudieron acreditar 38 millones y medio de pesos desviados por el priista; cantidad que representa sólo 8.7% de los 438 millones que en la audiencia inicial se le acusó de desviar a Javier “N”. Cantidad ésta muy lejana a los 5,000 millones de pesos que según la Auditoría Superior de la Federación malversó el susodicho.

Para beneplácito del hipotético saqueador, la juez federal Sandra Leticia Robledo otorgó una suspensión provisional contra dos órdenes de aprehensión por los delitos del fuero común: abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, coalición y tráfico de influencias. El próximo 26 de julio se definirá si la suspensión de los cargos es definitiva.

Mientras tanto Javier “N” pernocta en el Reclusorio Norte hasta la próxima semana, cuando sea trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) para que enfrente su proceso por los cargos restantes. El penal, según las evaluaciones de la Secretaría de Gobernación, es el quinto mejor del país. Está ubicado en Ayala, Morelos.

¿A cuántos kilómetros del socavón en el Libramiento de Cuernavaca está Ayala? Se imagina usted que el señor “N” con todo y su gran volumen construyera -recursos tiene- un túnel, lo triple de ancho que el del Chapo, del penal hasta el socavón para salir por ahí. En nuestro surrealista país todo puede suceder.

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