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Prácticamente todos los avances macroeconómicos que la Secretaría de Hacienda presentó el 27 de marzo pasado al Congreso en los “Pre-Criterios 2025” hoy son letra muerta.

Lo que busca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es que se presente ese documento con tanto tiempo de antelación justamente para poder dar certidumbre sobre las bases en las que el gobierno tejerá su Paquete Económico del año siguiente.

Pero la realidad política trazada por este régimen ha descompuesto cualquier posibilidad de planeación y de anticipar la estabilidad económica-financiera que necesitan las familias y los negocios.

Pero más allá de las estimaciones macroeconómicas que ya no se alcanzarán, el ingrediente que hoy falta es la certidumbre. Hay dudas, razonables y muy serias respecto al futuro económico, político, democrático e institucional del país.

Hay muchos proyectos de inversión detenidos porque todos quieren ver si en su partida del poder presidencial Andrés Manuel López Obrador puede o no dinamitar los puentes de la vida democrática e institucional de México.

Evidentemente que eso es lo que él quiere con su paquete de reformas constitucionales, no solo con la del Poder Judicial, que es la más ominosa, sino con otras de sus 20 iniciativas que van desde eliminar los organismos autónomos, revertir el sistema de pensiones de las Afore, traspasar la Guardia Nacional al Ejército y una reforma electoral a su medida.

Además, ¿qué significa en el modelo económico de López Obrador, que llama “humanismo mexicano” eso de “que los trabajadores y familias puedan ser dueños de sus viviendas?

La primera línea roja para poder entender hacia dónde va México llegará en septiembre cuando se combine el primer mes de la LXVI Legislatura con el último mes de mandato constitucional de López Obrador.

A la par del septiembre negro que se dibuja habrá que saber cuántas de estas iniciativas las hace propias la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, lleva dos, la del Poder Judicial y la militarización de la Guardia Nacional.

La Secretaría de Hacienda estimaba en sus Pre-Criterios 2025 una expansión del Producto Interno Bruto en el 2025 de 2.5%, las estimaciones van ya en 1.4%; la inflación general la ven en 3.3% al cierre del próximo año, pero hoy está más cercana a 5 por ciento. Y ni hablar del tipo de cambio y las tasas de interés.

Todos estos movimientos se pueden entender, compensar y justificar con nuevas estimaciones. Pero perder la confianza en un país que destruya la autonomía de su poder judicial, la pluralidad de su Congreso, que busque anular cualquier oposición o que se apropie del ahorro para el retiro de los trabajadores puede ser fatal para la economía.

Por lo pronto, y como un indicativo del nivel de incertidumbre que priva entre muchos agentes económicos, BBVA México anunció que revisará sus estimaciones de crecimiento para este año y el siguiente una vez que se conozca la reforma al sistema judicial.

Llegamos pues a la mitad del 2024, estamos a menos de 100 días de la toma de posesión de la siguiente administración y la realidad es que es muy difícil poder hacer una planeación económico-financiera seria para el próximo año. Lo que falta en la ecuación es certidumbre.