La querella escaló hasta la Corte, donde el fallo fue que los acusados habían actuado en su momento de acuerdo con la ley
El país se cae a pedazos de violencia, impunidad y corrupción, pero lo que sale del gobierno es una ofensiva penal contra 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt y de su extinto Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una asociación civil que canalizaba fondos de investigación a proyectos venidos de la sociedad.
La nueva directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, ha llenado la institución de decisiones caprichosas, supresión de recursos, despidos, cancelación de becas, interrupción de proyectos y la militante vindicación de una ciencia “popular”. Su nueva Ley de Ciencia y Tecnología, de 2019, prohibió el traslado de fondos al mencionado Foro Consultivo y estableció el principio de una querella judicial contra el director previo de Conacyt, Enrique Cabrero, y la ex coordinadora del Foro, Julia Tagüeña.
La querella escaló hasta la Corte, donde el fallo fue que los acusados habían actuado en su momento de acuerdo con la ley.
Pero el litigio siguió en los vericuetos judiciales y dio un salto cuántico en manos de la Fiscalía General de la República, que configuró, a partir de aquellos hechos, delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, manejo de recursos de procedencia ilícita y crimen organizado.
El fiscal ha pedido 31 órdenes de aprehensión. Treinta y una.
No solo encuentra a los 31 culpables de delitos que ameritan prisión forzosa, sino que los quiere ver recluidos en el penal del Altiplano de máxima seguridad…
Imposible no asociar esta blitzkrieg persecutoria, digna de las purgas estalinistas o maoistas contra científicos disidentes, con los roces que el fiscal Gertz ha tenido con la comunidad científica.
Hace unos meses, Gertz fue reconocido dentro del sistema Conacyt como investigador nacional de la más alta jerarquía, por una obra que fue exhibida en la prensa, sin embargo, como un plagio. La obra había sido antes rechazada por sus pares, pero fue admitida al empezar este gobierno por un jurado habilitado especialmente.
La batida contra los 31 miembros de la comunidad científica de México es la más grande que yo recuerde para cualquier profesión, legal o ilegal. Delirante: el gobierno abraza narcos y persigue científicos.
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