Entiendo que en el Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra se estudia el dilema planteado ayer aquí sobre si la lealtad de las Fuerzas Armadas a su comandante en jefe va primero que su lealtad a la Constitución, o viceversa.

La tensión no es sólo respecto de la disciplina militar frente al texto constitucional, sino también frente al andamiaje jurídico de derechos humanos de raíz internacional que la Constitución mexicana reconoce.

La tensión está latente, pero es imposible de observar, porque las órdenes que reciben las Fuerzas Armadas del Presidente se dan en la más alta confidencialidad.  No hay constancia pública de lo que el Presidente ordena a las Fuerzas Armadas. Una orden que conocimos de sobras no es particularmente tranquilizadora.

Es la que el presidente López Obrador dio para liberar a Ovidio Guzmán, un delincuente prófugo de la justicia mexicana y de la estadunidense, que estaba ya en poder del Ejército. Es decir, Guzmán había sido aprehendido, de por sí con dudosa legalidad, por el Ejército, y su liberación, sin juicio ni mediación legal alguna, constituyó un delito adicional.

El Presidente dijo que de no haber dado esa orden habría provocado una matanza en Culiacán, pues la banda de Guzmán había tomado la ciudad y amenazaba la unidad habitacional del Ejército, donde viven sus familias.

El Presidente ordenó con prudencia y el Ejército obedeció por prudencia, pero la prudencia de ambos no hizo menos ilegal la decisión ni la obediencia.

Como se ve, estamos en un terreno esencialmente opaco, en el centro de una tensión clave en regímenes democráticos con presidentes dados a ignorar, saltarse o rodear la ley, como los presidentes Trump y López Obrador.

La baraja de escenarios de esta tensión se abre y eventualmente se acrecienta cuando, como sucede en México, los militares son llevados a otros ámbitos del gobierno, donde tienen responsabilidades civiles, pero mantienen su disciplina militar. La ruptura del orden constitucional que preocupa a muchos es la que pudiera presentarse en 2024 si el gobierno pierde las elecciones y el Presidente, basado todavía en su popularidad, no reconoce ese triunfo.

¿Política ficción? Puede ser. ¿Pero qué harían las Fuerzas Armadas? ¿Qué estarían obligadas a hacer, constitucionalmente hablando?