La realidad ineludible: actualmente, en el ámbito del gobierno federal se cuenta con 5,463 trámites, de los cuales 75% (4,128) deben realizarse de manera presencial
El segundo piso de la Cuarta Transformación conlleva la ampliación de la estructura de la administración federal. De 19 dependencias se pasará —con la reforma a la Ley Orgánica en ciernes— a 22 secretarías de Estado. Tres nuevas surgirán de la conversión del Inmujeres, del Conhacyt y de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se erigirá en el bastión de la Secretaría de la Función Pública.
Este nuevo agrupamiento otorga nivel ministerial a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, entidad que encabezará José Merino y que nace con la tarea de recuperar la soberanía y la autonomía tecnológica dentro del gobierno.
La nueva agencia gubernamental necesitará más que una retórica nacionalista para romper con el modelo imperante (la subcontratación) para el pago de las licencias de uso de software comercial y el hosting de los data centers. En el pasado, Infotec sirvió para desviar recursos (lo que después fútilmente se denominó la estafa maestra) y algunos centros educativos han visto pasar generaciones de equipos y académicos, sin que su potencial haya sido aprovechado al máximo.
La propuesta de reingeniería de la administración pública federal deberá ser sancionada por el Senado de la República. La iniciativa presidencial busca reformular la organización del aparato burocrático en función de la eficiencia, la eficacia, la austeridad y la gobernanza digital.
La tecnología, para el bienestar. Y la Identidad Digital Nacional será la llave para acceder a los canales de atención ciudadana, pero también a los programas sociales, a los servicios, a la seguridad y a la justicia.
El modelo de gobierno abierto y el derecho humano a la gobernanza serán garantizados por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones concentrará registros pero también generará las herramientas de simplificación y digitalización que sustituyan la actual política de mejora regulatoria con la eliminación, reducción y simplificación de trámites; la interacción de la ciudadanía con el gobierno a través de los servicios digitales, aumento de la conectividad y el uso de tecnología; así como el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas.
A su cargo quedará construir un modelo sostenible de conectividad pública y una política nacional de telecomunicaciones que priorice el acceso, cobertura, precio y calidad mediante los principios de autonomía tecnológica, austeridad, sostenibilidad y progresividad.
Las herramientas digitales, para acabar con la tramitología… ¿y finalmente generar un registro nacional para toda la población? De acuerdo con el Inegi, actualmente solo tres de cada 10 personas utilizan internet para la realización de pagos, trámites o servicios gubernamentales.
“Actualmente, México cuenta con un diagnóstico sobre la forma y los canales en que la ciudadanía interactúa con el gobierno”, enfatiza la iniciativa enviada a la Cámara Alta. “Información preponderante para el Estado en la toma de decisiones y en el diseño y mejora de los servicios públicos, no obstante los medios que el Estado oferta para ello y las prácticas de la ciudadanía no se compaginan”.
La realidad ineludible: actualmente, en el ámbito del gobierno federal se cuenta con 5,463 trámites, de los cuales 75% (4,128) deben realizarse de manera presencial.
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