Muchas cosas pueden cambiar con un sector empresarial comprometido en el combate a la corrupción. El moche o el diezmo es un impuesto adicional que están pagando los empresarios de México. Casi siempre, se oye el reclamo en voz baja u off the record. Por eso, llamó la atención el mensaje de Ricardo Navarro, presidente … Continued
Muchas cosas pueden cambiar con un sector empresarial comprometido en el combate a la corrupción.
El moche o el diezmo es un impuesto adicional que están pagando los empresarios de México. Casi siempre, se oye el reclamo en voz baja u off the record. Por eso, llamó la atención el mensaje de Ricardo Navarro, presidente de la Canaco DF: “Cualquier oportunidad de negocios con el gobierno está expuesta a que se le solicite contribución por anticipado antes de ser asignada”, dijo ante el presidente Peña Nieto.
Navarro pidió poner un freno a los moches, pero no recibió una respuesta concreta del mandatario. De él escuchamos algunas frases anticorrupción en su primer mensaje del 2015. Todavía está en el aire el primer compromiso que contrajo como precandidato: crear una agencia nacional anticorrupción.
Dos años, un mes y 15 días han pasado desde la toma de posesión del presidente. El máximo responsable del tema en el Ejecutivo federal no tiene rango de secretario de Estado, es un “encargado de despacho”. Parece claro que la iniciativa y el impulso para el combate a la corrupción no vendrán de Los Pinos. Por eso es tan significativo que el sector empresarial haya arrancado el 2015 con una estrategia para poner la lucha anticorrupción en el centro de la agenda.
El mensaje de Ricardo Navarro no es un hecho aislado. El Consejo Coordinador Empresarial presentará en menos de dos semanas un documento de compromisos del sector privado. “Queremos que se combata la corrupción, de ambas partes: el que corrompe y el que se deja corromper”, dice Gerardo Gutiérrez Candiani.
Es un compromiso de autorregularse de parte de la cúpula empresarial. Una pieza de un rompecabezas complejo que debe completarse con el trabajo legislativo para definir un sistema nacional anticorrupción.
Hay urgencia, pero también una ventana de oportunidad. Hay un amplio consenso acerca de la necesidad de acabar con la simulación en el combate a la corrupción. Los empresarios no son los únicos que están hartos de la corrupción. Profesores, periodistas, contadores, ingenieros, médicos, choferes, campesinos, amas de casa, estudiantes… hasta políticos. Ocupamos el lugar 103 de 175 países en percepción de corrupción, de acuerdo con el ranking que elabora Transparencia Internacional. La encuesta 2013-2014 del Foro Económico Mundial de Davos indica que la corrupción es el factor más problemático para hacer negocios en México.
¿Cómo romper el círculo vicioso? El gobierno de México no tiene problemas para firmar documentos donde se compromete a combatir la corrupción. El problema es el aterrizaje, la implementación o como ustedes quieran decirle. Desde 1997, nuestras autoridades firmaron, en el marco de la OCDE, un acuerdo para limitar y sancionar los sobornos y las malas prácticas. ¿Han sentido ustedes el efecto de la firma de este documento?
El reto es enorme, pero afortunadamente hay muchas cosas concretas que hacer. Transparencia Mexicana propone, por ejemplo, que se legisle para regular, prohibir y sancionar el conflicto de intereses. Extraño, como puede parecer, sigue siendo algo no contemplado por la legislación mexicana.
Muchas cosas pueden cambiar con un sector empresarial comprometido en el combate a la corrupción. Entre los empresarios hay crítica al gobierno, pero también autocrítica. ¿Podremos pasar de los bellos discurso a las buenas prácticas? Si no lo hacemos, las grandes reformas arrojarán pequeños resultados.
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