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Si no estuviéramos en la antesala del rompimiento democrático e institucional que puso en marcha el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, hoy estaríamos hablando de otros obstáculos que ya le había dejado este gobierno a la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

El interés estaría centrado en la larga reunión que tuvieron los mandatarios saliente y entrante junto con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, donde se habrían abordado temas presupuestales.

Había más análisis del perfil y el futuro del próximo director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. Sería tema central tratar de entender cómo un académico, sin experiencia como CEO o CFO, puede enfrentar la difícil situación financiera de la empresa petrolera más endeudada del mundo.

Esos eran los grandes pendientes económico-financieros que heredaba López Obrador a Claudia Sheinbaum, un desbalance fiscal muy importante, un crecimiento notable de la deuda pública, una empresa petrolera mal administrada y dependiente de los recursos públicos y una expectativa de crecimiento muy pobre por la mala calidad del gasto público.

Eran problemas serios que ya amenazaban, de hecho, la posibilidad de una degradación crediticia. Pero que, sin embargo, podrían ser corregidos con la voluntad política del siguiente gobierno de tener verdaderas finanzas públicas sanas y un Pemex en proceso de auténtico saneamiento.

Pero eso hoy ya pasó a segundo plano. No significa que no sean problemas y amenazas reales a la estabilidad macroeconómica de México, lo que sucede es que la amenaza democrática institucional que hoy impulsan la dupla López-Sheinbaum, hace que los desequilibrios fiscales parezcan problemas de Jardín de Niños.

Cada vez suena menos exagerado decir que la próxima semana este país podría ser otro, uno en peores condiciones democráticas, económicas y financieras que estará en una ruta incierta de un giro ya formalizado al totalitarismo.

De las calificaciones crediticias ya nos tendríamos que olvidar, su degradación sería inminente.

Pero habría muchas más consecuencias negativas que no hemos conocido en México en ninguna de las crisis anteriores que nos han devastado.

La última crisis importante de manufactura local fue la del 1994, cuando el sistema financiero colapsó. En esa crisis hubo dos diferencias de la que ahora mismo se gesta, la primera es que México era un socio marginal de Estados Unidos, y, la segunda, es que México aceptó la ayuda de Washington para salir de esa condición.

Ahora, con un Presidente saliente que muestra claras señales de disonancia cognitiva, uno de los principales afectados por las contrarreformas constitucionales, en especial la apropiación del Poder Judicial es, a querer o no, Estados Unidos.

México buscó ser un socio más cercano de Norteamérica y lo consiguió. Como resultado, el comercio exterior cambió la suerte económica de este país y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos.

Bajo las reglas de esa cercanía, México no puede romper el orden democrático como lo pretende la autodenominada Cuarta Transformación, por lo que evidentemente entre los más afectados están los socios Estados Unidos y Canadá, y habrán de actuar en consecuencia.

Ya no es el tema cómo corregir la barbaridad de un déficit fiscal de 6% del Producto Interno Bruto, es la realidad de que estamos en la antesala de ser un país que puede colapsar.