¿Estamos en crisis y bancarrota?

Durante los últimos días ha habido un intenso revuelo por algunos comentarios hechos por el presidente electo durante su Gira de Agradecimiento, donde diagnosticó la situación económica de nuestro país como una de crisis y bancarrota.

Asimismo, el presidente electo mencionó que cualquier crisis económica será generada por choques externos o por un mal manejo de Banco de México.

Aunque estas declaraciones son sumamente controversiales, el presidente electo también reiteró su compromiso con un manejo prudente y responsable de las finanzas públicas durante su intervención.

¿Qué nos quiso transmitir el presidente electo con estas declaraciones? En lo personal, no creo que realmente crea que ha recibido un país en bancarrota. Es cierto que el manejo de las finanzas públicas durante la última administración contribuyó a un marcado deterioro en las finanzas públicas —la relación de deuda a PIB pasó de 34% en el 2012 a más de 50% en el 2015— pero el nivel actual es manejable y muy inferior al de muchos otros países.

Lo preocupante fue que durante gran parte del sexenio anterior la tendencia ascendente en los niveles de endeudamiento —que finalmente fue revertida en el 2016-17 con la relación de deuda a PIB terminando en 47%— no generó un impacto positivo tangible en el crecimiento económico. Es decir, a pesar del fuerte incremento en la deuda, el crecimiento del PIB se mantuvo alrededor de 2% y la inversión en infraestructura como porcentaje del PIB se vio reducida en comparación con las dos administraciones anteriores.

Aunque la economía mexicana no está en una crisis como las vividas en los años 70, 80 y 90, la crisis global del 2008-09 puso en evidencia una serie de debilidades que existían desde hace tiempo pero que durante la crisis tomaron un peso relativo mucho mayor como: i) la debilidad estructural de las finanzas públicas; ii) la vulnerabilidad de las finanzas públicas a los precios y producción de petróleo; iii) la situación precaria en Pemex ; y iv) la debilidad del marco institucional.

Durante los últimos dos años, México logró estabilizar la trayectoria de deuda total como porcentaje del PIB mediante la disminución del déficit público como porcentaje del PIB.

Esto se suma a otros logros de los últimos años como la sustitución de deuda externa por deuda interna de largo plazo; la mejoría en el perfil de amortizaciones de la deuda; y la institucionalización de la disciplina fiscal.

México cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos; no existen desequilibrios externos ni fiscales de gran magnitud; el sistema financiero cuenta con niveles de capitalización robustos y fondeo interno; el crédito al sector privado sigue creciendo a una tasa saludable; y nuestro país se mantiene como un mercado atractivo para la inversión extranjera directa. Sin embargo, el nuevo gobierno hereda una economía con un crecimiento claramente insuficiente para mejora el bienestar de la mayoría de la población y un margen de maniobra sumamente limitado en cuestión de finanzas públicas.

Asimismo, el nuevo gobierno hereda una crisis de inseguridad que amenaza el Estado de Derecho en diversas zonas del país. El nuevo gobierno debe aprovechar los avances en materia de estabilidad macroeconómica e implementar políticas para capitalizar las ventajas competitivas que nuestro país ha venido desarrollando durante los últimos años.

México se ha convertido en una central manufacturera de alta competitividad para América del Norte y otras partes del mundo.

No obstante, la competitividad mexicana sigue siendo limitada por factores como un nivel de infraestructura rezagado y un Estado de Derecho dudoso en algunas partes del país.