Un desbalance provocado desde lo más alto del poder en la autonomía del árbitro y del juez de las elecciones que invita a generar dudas sobre los resultados
Entre sus previsiones económico-financieras del próximo año apunte algo a seguir muy de cerca, el Instituto Nacional Electoral (INE) está incompleto en su estructura directiva y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le faltan ocho magistrados.
Que nos quede claro que este país ya no aguanta otra caída del sistema electoral como la de Manuel Bartlett cuando en el borrón y cuenta nueva resultó ganador Carlos Salinas de Gortari.
Ese mismo Bartlett pertenece al gobierno de un Presidente que claramente está metido de forma muy descarada en el autónomo sistema electoral mexicano para garantizarse un triunfo electoral en el 2024 y eso es muy peligroso para la estabilidad político-económica de este país.
Todos vimos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador usó todo su poder para desprestigiar al anterior y autónomo presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Es pública la comodidad que tiene López Obrador con la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, lo cual no estaría mal si no se notara que hay un marcado grupo de consejeros electorales que claramente ha perdido su imparcialidad.
Ahí está la primera crisis en el sistema electoral que debemos seguir de cerca en sus consecuencias para todos, no sólo para los candidatos.
Se han formado dos bloques de consejeros electorales y al menos cuatro de ellos claramente están alineados al oficialismo. Esto ha generado una crisis en la que, entre otras cosas, se ha vuelto imposible cubrir hoy 11 plazas vacantes de los más altos niveles, empezando por el secretario general del Instituto, que es una posición clave para su funcionamiento.
La más reciente renuncia es la del titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, nada menos que el responsable de la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Sólo Taddei puede designar candidatos a esos puestos, pero hay una mayoría de consejeros no alineados que impiden que se cubran esas vacantes con personajes sospechosamente afines al régimen.
Mientras que el TEPJF funciona de manera incompleta. El Senado de la República ha fallado en elegir dos magistrados de la Sala Superior, a cinco magistrados de salas regionales y a un magistrado de la Sala Especializada.
A nadie le queda duda que la omisión de la mayoría de los senadores oficialistas de designar a estos y otros tantos funcionarios es por una orden directa de Andrés Manuel López Obrador de no hacerlo. Cuando Adán Augusto López fue secretario de Gobernación, así lo dijo con todas sus letras.
Además, recientemente en el TEPJF quien era su Presidente renunció seguramente por una “oferta que no pudo rechazar” y se designó en su lugar a una magistrada a la que se le ha visto cerca del poder.
Así, ante nuestros ojos se está creando de forma deliberada una crisis electoral sin precedentes y en pleno proceso electoral.
Un desbalance provocado desde lo más alto del poder en la autonomía del árbitro y del juez de las elecciones que invita a generar dudas sobre los resultados.
Por alguna razón no estamos como sociedad escandalizados por esta situación que es una de las peores crisis políticas que hemos tenido en el país, al menos desde 1994 y que puede derivar en un desajuste en sus propios planes económico-financieros para el 2024 y de la siguiente década.
Se ha generado una crisis en la que, entre otras cosas, se ha vuelto imposible cubrir hoy 11 plazas vacantes de los más altos niveles, empezando por el secretario general del INE, que es una posición clave para su funcionamiento.
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