Forma parte de una investigación por posibles delitos relacionados con el almacenamiento, la distribución y operaciones con hidrocarburos
Autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide (Guanajuato), donde localizaron 59 millones presunto hidrocarburo con características de diésel, así como gasolinas regular y premium.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reportó el aseguramiento de los casi 60 millones de litros de aparente hidrocarburo. Mientras que el titular de la dependencia, Juan Mauro González Martínez, confirmó la magnitud del hallazgo y señaló que fue resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.
59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.
Durante el cateo, autorizado… pic.twitter.com/UqgzKiLHBa
— Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) September 17, 2026
La diligencia fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato y ejecutada por integrantes del Ministerio Público Federal, en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales. El cateo forma parte de una investigación por posibles delitos relacionados con el almacenamiento, la distribución y otras operaciones con hidrocarburos.
Autoridades mantienen abierta la investigación
Durante la inspección también fueron asegurados diez tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores empleados para transportarlo y documentación relacionada con los hechos investigados. Debido a la magnitud del hallazgo y a los riesgos de derrames, incendios o explosiones, las maniobras de medición, identificación y manejo continuarán bajo supervisión especializada.
El inmueble y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.
González Martínez subrayó que la investigación permanece en curso y los aseguramientos no establecen responsabilidades por sí mismos, así que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales resolver el caso con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Con información de López-Dóriga Digital
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