El Presidente puede nutrir sus conferencias mañaneras con todos los adornos retóricos que necesiten sus fieles: complots de los neoliberales, “no pasa nada”, hasta cumbias, todo sirve para esos fines
Lo que sí es un asunto de seguridad nacional es que el presidente de México responda con un tono burlón y rete a nuestro principal socio comercial, con su “Uy qué miedo”, tras el inicio formal de consultas de los gobiernos estadounidense y canadiense, en el marco del acuerdo comercial, por la violación de los derechos de las empresas energéticas de aquel país.
Claro que no pasa nada con la forma como López Obrador le habla a su feligresía cada mañana, con ese estilo populista que es ampliamente conocido y no tiene mayor perjuicio, más allá de alimentar la división social que eventualmente pasará factura.
Pero lo que sí preocupa es esa demostración presidencial de sentir que su voluntad debe estar por arriba de cualquier poder local, ley o acuerdo internacional.
Es preocupante la manera como la Suprema Corte de Justicia de la Nación operó con una rendija legaloide para que la ley eléctrica, modificada por la mayoría simple del Presidente, no fuera declarada anticonstitucional y con eso se brincara la 4T el requisito de cambiar la Constitución.
Esa maniobra de la Corte para dar gusto al Presidente se suma a otras prácticas, muchas de facto, que han dañado a las empresas energéticas privadas, nacionales o extranjeras, que son discriminadas para privilegiar ilegalmente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
El intento de reestablecer un monopolio energético implica un daño para el país, pero pretender hacerlo a través de violar los derechos de las empresas privadas, protegidas por la Constitución y los tratados internacionales, es algo que implica consecuencias.
Está claro que algo peor que modificar la Constitución para adecuarla a las ideas personalísimas de un régimen autocrático es pasar sobre las leyes fundamentales para hacerlo, como esa chicana de la Corte o como la declaratoria de Seguridad Nacional para un proyecto turístico como el Tren Maya.
El Presidente puede nutrir sus conferencias mañaneras con todos los adornos retóricos que necesiten sus fieles: complots de los neoliberales, “no pasa nada”, hasta cumbias, todo sirve para esos fines.
Pero en el terreno de la legalidad, más vale que su gobierno tome en serio que este periodo de conciliación iniciado por Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC, es una última oportunidad de reconsiderar la violación de los derechos de las empresas extranjeras del sector eléctrico, petrolero, minero y otros tantos sectores.
Si el gobierno de López Obrador no aprovecha estos dos meses y medio que duran las consultas para recomponer el trato ilegal y diferenciado que aplica a las empresas canadienses y estadounidenses, lo que sigue es un panel de solución de controversias que no acabará de otra forma que con la aplicación de cuotas compensatorias.
Eso implica sobrecostos a la exportación de bienes mexicanos que pagarán las consecuencias de esta discriminación a los particulares extranjeros en el sector energético.
La realidad es que sí están llamando a cuentas al gobierno de López Obrador. Y lo están haciendo los socios comerciales con los que su régimen decidió mantener relaciones a través del T-MEC.
Porque algo que no puede argumentar este régimen es que heredó del pasado neoliberal el acuerdo comercial, porque éste fue negociado, firmado y avalado por la autollamada Cuarta Transformación.
Sí, qué miedo lo que viene si no recomponen el camino.
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