Ciertamente el estatismo monopólico que pretende el régimen para el sector energético refleja la forma de pensar de López Obrador, pero va en sentido contrario de lo que marca la propia Constitución y el T-MEC
¿De verdad creerá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no pasa nada si viola los derechos de las empresas del sector energético de Estados Unidos y Canadá?
O realmente, como está claro que sí hay consecuencias, entonces lo que busca es un conflicto que alimente la bandera nacionalista entre su feligresía, que tenga consecuencias comerciales, pero réditos electorales.
Hay un hecho que es irrefutable, el gobierno mexicano viola los derechos de las empresas privadas a través de una chicana legal que el régimen de López Obrador hizo que transitara por la Suprema Corte en sus épocas sumisas de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar.
Sin embargo, esas disposiciones inconstitucionales de las leyes secundarias modificadas por la mayoría simple del gobierno atropellan también acuerdos internacionales como el que México tiene con Estados Unidos y Canadá en materia comercial, al que llamamos T-MEC.
Ciertamente el estatismo monopólico que pretende el régimen para el sector energético refleja la forma de pensar de López Obrador, pero va en sentido contrario de lo que marca la propia Constitución y el T-MEC.
Cuando el Presidente nombró a Raquel Buenrostro como secretaria de Economía lo hizo con la idea de que su eficiente funcionara pública, la que había exprimido fiscalmente a los empresarios, sería capaz de que los estadounidenses y canadienses entendieran que “México ya cambió” y que se acabaría con el “tráfico de influencias” de las compañías energéticas.
La realidad es que de todas las acusaciones de corrupción y malos manejos en todos los sectores que supuestamente eran cuevas de ladrones en gobiernos pasados hay pocas carpetas de investigación y ni una sola sentencia. Están más cerca de condenar por corrupción y malos manejos a los funcionarios de Segalmex, que robaron este sexenio, que al propio Emilio Lozoya.
El punto es que ante el reclamo de cumplir la letra del T-MEC en materia energética, los socios de México obtuvieron como respuesta la política de patear el bote. Ganar tiempo sin respuestas concretas y apenas con el ofrecimiento de negociaciones directas del Presidente con algunas empresas para darles algo a cambio.
Lo que quizá ha sorprendido a este régimen es que para Estados Unidos y Canadá la ley sí es la ley y se tiene que respetar. Ya se cansaron de que los distraigan con el dedo en la boca sin respuestas a las consultas iniciadas hace ya ocho meses bajo el capítulo 31 del T-MEC.
Como que ya se dieron cuenta que los están chamaqueando, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya lanzó un ultimátum a México para que haga una oferta final antes de recurrir a un panel de solución de controversias de acuerdo con las reglas del mismo pacto comercial.
Y que no queden dudas de que el resultado de ese panel será negativo para México porque la violación legal es más que evidente. Eso implica sanciones económicas del mismo tamaño al daño que se infiere a las empresas energéticas que, evidentemente, es de miles de millones de dólares.
Ahora, la otra posibilidad es que, al costo que sea, el régimen quiera alzar una bandera de defensa contra los yanquis, algo muy recurrente en el populismo latinoamericano. Y más cuando las elecciones están ya cercanas.
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